Fuentes fiscales han confirmado a Europa Press que el Ministerio Público actuará al entender que no había una urgencia que llevase a la Sala de Vacaciones a resolver la petición de suspender la orden de detención nacional que el Tribunal Supremo dictó sobre Puigdemont.
Las mismas fuentes han precisado que desde la Fiscalía consideran que no era un asunto que requiriese resolución fuera del Pleno del Constitucional que, cabe recordar, cuenta con una mayoría progresista desde el pasado enero, a diferencia de la Sala de Vacaciones que cuenta con una mayoría conservadora.
En el auto dictado este mismo miércoles por dos votos –los de los magistrados del ala conservadora César Tolosa y Concepción Espejel– contra uno -el de la magistrada Laura Díez del sector progresista– consta que la decisión es recurrible por el Ministerio Público en un plazo de tres días. Se da la circunstancia, sin embargo, de que agosto es un mes inhábil en los tribunales, por lo que la Fiscalía tiene hasta septiembre para decidir si impugna o no la resolución.
