Según ha informado la Policía Nacional, esta actuación conjunta entre la Guardia Civil y la Agencia Tributaria y enmarcada en la ‘Operación Marengo-Rosso’ se ha llevado a cabo de manera simultánea en la República Checa, Hungría, Italia, Luxemburgo, Portugal, Polonia, Eslovaquia y España. Se trata, apuntan fuentes jurídicas, de la primera operación con detenciones coordinadas por la oficina del Ministerio Público Europeo en España.
Como juez de garantías ha actuado el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 José Luis Calama que, en un auto de este lunes al que ha tenido acceso Europa Press, autorizó las entradas y registros en los domicilios de los principales acusados y de las sociedades presuntamente implicadas.
En concreto, el magistrado de la Audiencia Nacional dio luz verde a los agentes para realizar las averiguaciones pertinentes y de forma coordinada en hasta 20 inmuebles diferentes situados a lo largo de la geografía española. Esas entradas se han saldado con la detención de nueve personas y la investigación de otras cuatro.
Para tal fin, los funcionarios de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional estuvieron auxiliados por miembros de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, funcionarios de la Agencia Tributaria y de la EUROPOL.
La propia EUROPOL desplazó a España una oficina móvil y medios técnicos para apoyar en las labores informáticas de volcado y clonado de los dispositivos intervenidos. En concreto, los agentes se han hecho con abundante documentación así como un gran número de dispositivos informáticos relacionados con los hechos.
El magistrado ha calificado los hechos como presuntamente constitutivos de delitos de organización criminal, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. «Son delitos graves no solo por la penalidad que los mismos llevan asociada, sino además por la trascendencia social que conllevan así como por la elevada cuantía de la defraudación tributaria que indiciariamente se estaría llevando a efecto con afectación a los intereses financieros de la Unión Europea», advierte.
Este fraude se generaba principalmente, según explica la Policía Nacional en una nota de prensa, mediante la compraventa de dispositivos de telefonía móvil y otros dispositivos electrónicos como discos duros, airpods, tablets y ordenadores.
«Todo ello a gran escala entre una compleja cadena de sociedades ficticias repartidas por gran parte del territorio de la Unión Europea, las cuales hacían uso de facturas supuestamente falsas, para eludir el pago del IVA y al mismo tiempo solicitaban a las autoridades tributarias nacionales los reembolsos del mismo impuesto sin tener derecho a ello», detallan.
Este sistema, continúan, generaba beneficios de enormes proporciones a la organización investigada, a los que habría que sumar los obtenidos por la venta final de estos dispositivos a precios muy competitivos a través de mercados online en varios países. El entramado «quedaba perfeccionado finalmente mediante el blanqueo de los beneficios obtenidos, reinvertidos en bienes inmuebles de alto valor, en países como Portugal, Italia y Chequia principalmente».
El magistrado dibuja en su auto la supuesta jerarquía dentro de la organización criminal según uno de los documentos intervenidos. Esa banda estaría «dirigida y liderada» por dos de los acusados, mientras que «en un segundo escalón» se situarían a otras dos personas, responsables «de las empresas de entrada de mercancía y de las empresas pantalla».
El tercer escalón estaría ocupado por otros dos acusados, personas «muy introducidas en el sector que administrarían de hecho las mercantiles de salida o distribución». El cuarto escalón, recoge el juez Calama, estaría relacionado con las «denominadas empresas europeas», que tendrían la «doble misión de proveer de mercaderías a las mercantiles de entrada y recibir las exportaciones de las de salida».
Dentro de la estructura de la organización el magistrado también distingue cuatro grupos distintos: la rama logística, la rama de Medina del Campo, la rama de Valencia/Barcelona y la rama de Murcia/Alicante.
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