La Fiscalía estudia recurrir el fin de la investigación sobre el presunto espionaje a Bárcenas

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el Ministerio Público está sopesando la posibilidad de impugnar el auto de procesamiento dictado el pasado jueves por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, si bien la decisión llegará en todo caso en el mes de septiembre, debido a la suspensión de los plazos judiciales durante agosto.

García-Castellón optó por cerrar la instrucción sin acordar las últimas diligencias planteadas por el Ministerio Fiscal, que había pedido prorrogar seis meses la investigación para poder practicarlas. Las acusaciones ejercidas por el PSOE y Podemos también habían solicitado continuar con las pesquisas, así como la Abogacía del Estado, el propio Bárcenas y las defensas del ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y su ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Otras acusaciones tienen claro ya que recurrirán para intentar que el magistrado reabra las pesquisas sobre la ‘Kitchen’ al opinar que aún quedan cuestiones por investigar, algunas de ellas en la línea marcada por Anticorrupción, aunque las fuentes consultadas han precisado que todavía no han decidido qué diligencias solicitarán.

Además, entienden que no han tenido un acceso suficiente al material que forma parte de esta pieza separada 7 de la macrocausa ‘Tándem’, incluidas las famosas agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que han estado disponibles para las partes durante algunos meses para su consulta física en el juzgado en las horas y fechas indicadas por el mismo.

Estos cuadernos personales, donde Villarejo hacía anotaciones manuscritas sobre reuniones, conversaciones y encargos a lo largo de los años, permitieron “avances significativos” en la investigación de ‘Kitchen’ por cuanto facilitaron “confirmar un cronograma temporal de determinados acontecimientos” relevantes de este presunto operativo parapolicial, así como ratificar lo conocido por otros medios, en palabras del propio juez en una de sus resoluciones.

También recurrirán las defensas

Fuentes de las defensas han avanzado igualmente que impugnarán el auto de procesamiento, que sitúa a un paso del banquillo al ex ministro de Interior y su ex secretario de Estado, a la cúpula policial de la época -el ex DAO Eugenio Pino; los comisarios Villarejo, José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo; y los policías Bonifacio Díez y José Ángel Fuentes Gago- y al presunto espía de la familia Bárcenas, su antiguo chofer Sergio Ríos.

Algunas fuentes han mostrado su estupor ante lo que consideran un cierre en falso de la investigación. Consideran que el instructor se ha olvidado en su resolución de detalles relevantes, como el contenido que se obtuvo del volcado de los móviles que supuestamente fueron sustraídos a Bárcenas y que se entregaron al entonces secretario de Estado.

No obstante, no todos los mandos policiales señalados por el instructor en su auto de la semana pasada se plantean recurrir la decisión judicial y confían ya en defender su inocencia ante el tribunal que juzgue esta pieza separada.

Rajoy, Cosidó y otros temas pendientes

Anticorrupción había pedido a García-Castellón que antes de poner punto y final a los casi tres años de pesquisas sobre la ‘Operación Kitchen’ llevara a cabo unas últimas actuaciones a fin de agotar todas las líneas de investigación.

Destaca su solicitud para que el PP indicara a qué persona o personas se asignó el número de teléfono que Villarejo aseguró, tanto en sede parlamentaria como judicial, que era el que usaba Rajoy para que el comisario le mantuviera informado sobre el desarrollo del presunto espionaje a Bárcenas.

Sin embargo, el juez no lo consideró necesario porque, de las indagaciones realizadas por la Policía sobre los números de teléfono aportados por Villarejo, “no se observa conexión alguna” entre los teléfonos intervenidos y el que supuestamente utilizaba Rajoy.

Para el magistrado, ninguna diligencia realizada a lo largo de la instrucción permite sostener que “Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro”.

García-Castellón consideró asimismo “innecesaria e inútil” la citación de Cosidó como imputado que reclamaba el Ministerio Público, debido a “la falta de indicios que justifiquen este llamamiento”. “Ninguna de las diligencias practicadas permite inferir con objetividad su participación en la operación”, zanjó.

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