De acuerdo al citado informe, de las 55.308 plazas para dependientes de la región, tan solo 6.430 son públicas, 13.693 son de gestión privada con financiación pública, y el resto son privadas.
Tras lamentar que la “falta de transparencia de la Comunidad ha imposibilitado saber “el número real” de trabajadores y trabajadoras que actualmente trabajan en las residencias madrileñas, CCOO, UGT y Pladigmare, detallan que, “según los ratios aportados por la propia Comunidad debería de haber 8.820 personas trabajadoras para atender a las 20.123 plazas (públicas y con financiación pública)”.
Se trata, aseguran, de un “personal absolutamente insuficiente para prestar una atención con un mínimo de calidad y dignidad”.
A juicio de las organizaciones que han elaborado el informe, en el que han participado más 700 trabajadores y trabajadoras, el número de personas trabajadoras para atender las 20.123 plazas tendría que se de 15.773, “casi el doble del actual”. La “dejadez” del Ejecutivo autonómico “es tal, que es conocedora de que en las residencias privadas se están aplicando los ratios establecidos en 1990”, critican. “Para las públicas es un poco superior pero muy insuficiente también”.
Los sindicatos y las organizaciones de usuarios señalan que “esta insuficiencia de recursos humanos genera una sobrecarga de trabajo excesiva y ésta provoca situaciones inadmisibles en los cuidados que necesitan las personas mayores”. En concreto, aluden a “úlceras por presión, infecciones de orina, deshidratación y desnutrición, así como erosiones y trastornos provocados por el uso indebido y abusivo de sujeciones mecánicas para suplir la ausencia de atención personal”.
Residencias de gestión privada
“La tipología de las plazas (55.308) para dependientes en la región, la mayoría de ellas derivadas por el Gobierno del PP en Madrid a la empresa privada, y la inobservancia y vigilancia de un servicio tan sensible por parte del Gobierno regional contribuye a empeorar el servicio, ya que las ratios de personal en los establecimientos privados son mucho menores y los salarios también más bajos”.
En la Comunidad de Madrid, continúan los autores del análisis, el 88,38% de las residencias las gestionan empresas privadas y sólo el 11,62% lo hacen las administraciones. “Las personas trabajadoras del sector se enfrentan a condiciones laborales difíciles”, con salarios “muy bajos”, una formación y capacitación continua “muy limitada” y con “mucha inestabilidad laboral”.
