El proceso que ha supuesto un mayor coste ha sido el de Bankia, con 17.590 millones de euros. El Estado aún no ha recuperado nada de los 22.424 millones de euros que se inyectaron en la entidad, ahora integrada en Caixabank, a pesar de las desinversiones que realizó en el pasado y de los dividendos abonados, dos conceptos que suman un importe total hasta el momento de 3.529 millones (3.339 millones a finales de 2021).
Esta cantidad se ha destinado a cubrir las abultadas pérdidas de BFA, la antigua matriz de Bankia y actual accionista de Caixabank, con el 16,12% de su capital, que contaba con un patrimonio neto a cierre de 2021 (último dato disponible) de 4.492 millones de euros. Éste sería su valor recuperable hasta esa fecha.
El FROB decidió que estos fondos obtenidos por BFA no se ingresaran en el FROB, permaneciendo en poder de BFA. Además, una parte importante se han utilizado para satisfacer los costes originados por las contingencias legales.
Otro de los procesos más costosos fue el de Catalunya Banc, 12.691 millones de euros, de los que la mayor parte (11.803,3 millones) los asumió el FROB, y los 887,4 millones restantes, el Fondo de Garantía de Depósitos. Le siguieron Banco CAM (12.560 millones) y NCG (9.229 millones).
Las únicas entidades que ya no tienen ‘deudas’ son Banca Cívica (que fue adquirida por Caixabank), Banco Grupo Cajatres (en manos de Ibercaja) y Liberbank (integrada en Unicaja).
