En un auto del pasado 31 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 envía al banquillo a 13 personas, entre las que se encuentran el expresidente de la entidad y de la Generalitat valenciana José Luís Olivas Martínez y el consejero delegado del banco Domingo Parra.
La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos tres años y nueve meses de prisión respectivamente como presuntos autores de un delito societario continuado de falsedad en las cuentas anuales de los citados ejercicios. Además, el Ministerio Público pide que se les imponga una multa aproximada de 45.000 euros.
La solicitud del Ministerio Público es inferior a la incluida en su escrito de conclusiones provisionales, cuando instaban a condenar a Olivas y a Parra a una pena superior: cuatro años y seis meses de prisión a cada uno.
El magistrado también ha acordado la apertura de juicio oral por el mismo delito para los exconsejeros del banco Celestino Aznar Tena, Antonio José Tirado, José Luís De Quesada, María Dolores Boluda, Federico Michavila, Silvestre Segarra, José Segura, Agnés Noguera, Manuel Olmos, María Irene Girona, Pedro Muñoz y Miguel Monferrer, socio de Deloitte y auditor de Banco de Valencia.
Las penas solicitadas por el Ministerio Público para estos últimos varían desde el año y seis meses de prisión que se solicita para Monferrer hasta los tres años de cárcel solicitados para Tirado, Aznar, Noguera o Segarra. Anticorrupción solicita en su caso multas que van desde los 21.000 euros hasta los 45.000.
El juez de la AN también manda a juicio en concepto de responsables civiles subsidiarias a Bancaja, Bankia, Valenciana de Inversiones, Banco Financiero y de Ahorro, Libertas 7, Macomar Inver, Minaval y a Deloitte.
Asimismo, el magistrado ha concedido a los acusados y a los responsables civiles subsidiarios un plazo que expira el próximo 1 de diciembre de 2022 para que los primeros presenten escrito de defensa frente a las acusaciones formuladas y los segundos puedan defenderse de las acciones civiles ejercitadas contra ellos.
Por otro lado, el juez ha requerido a los acusados y a los responsables civiles para que, en el plazo de 15 días, manifiesten relación de bienes y derechos de los que sean titulares con la precisión necesaria para garantizar unas futuras responsabilidades pecuniarias.
