La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), mayoritaria en los centros concertados, ha advertido de que utilizará «todos los recursos a su alcance contra posibles medidas encaminadas a la progresiva eliminación de la enseñanza concertada como ya piden algunas organizaciones políticas y sociales».
En un comunicado tras la formación del nuevo Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, FSIE señala además que «rechazará con contundencia cualquier política educativa que perjudique a la enseñanza concertada», la de titularidad privada sostenida con fondos públicos, «y sus profesionales».
«Es necesaria la adopción de medidas que mejoren el sistema educativo de forma estable y duradera. Medidas que en ningún caso pueden suponer recortes a las libertades constitucionales ni ataques a un sector tan importante del sistema educativo como es la enseñanza concertada», expone FSIE en el comunicado.
La federación sindical ha manifestado por escrito a la ministra de Educación, Isabel Celaá, su «preocupación» por algunas de las medidas pactadas por PSOE y Unidas Podemos en materia de educación, y ha solicitado la convocatoria «urgente» de la mesa sectorial de la enseñanza concertada para que el Ministerio explique al sector sus objetivos y medidas previstas.
«FSIE ofrece al Ministerio diálogo y negociación para poder alcanzar acuerdos y espera que esta sea la vía que permita afrontar una nueva reforma del sistema educativo que sea estable, duradera y respetuosa con los derechos constitucionales y los acuerdos internacionales», apostilla el comunicado.
«PREOCUPACIÓN» EXTENDIDA EN LA CONCERTADA
El acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos contempla medidas como acabar con «segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos» o asegurar que «todos los centros privados concertados informan al alumnado y familias de que las aportaciones son voluntarias y nunca condicionan la prestación del servicio educativo».
Propósitos que en el sector de la educación concertada generan «alerta», en palabras del presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos CONCAPA, Pedro Caballero. «No sabemos si se van a vulnerar derechos fundamentales como elegir la educación de nuestros hijos, porque en el acuerdo hablan de blindar la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo», señaló la semana pasada a Europa Press.
La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) también ha manifestado su «preocupación» ante «la idea de blindar la educación pública pueda entenderse como discriminar a la concertada». Sin embargo, su presidente, Alfonso Aguiló, «desea lo mejor a la ministra en este nuevo mandato», aunque espera que la nueva ley de educación «no se haga contra nadie sino a favor de todos».
Del mismo modo, la patronal Escuela Católicas ha reclamado a Celaá que «sea permeable a las peticiones» que la concertada planteó sobre su reforma educativa, porque siguen considerando que «limita gravemente los derechos de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos» al eliminar el concepto de demanda social como un criterio de la planificación escolar.
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