Torre eléctrica
La deuda del sistema eléctrico español se estructura actualmente en tres categorías de derechos de cobro. Concretamente, el derecho de cobro asociado al Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE) representa el 84,2% del importe total pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2020, seguido del derecho de cobro del déficit de 2013, con un 14,6%. El resto corresponde a los adjudicatarios de la segunda subasta del déficit ex ante. El 10 de febrero de 2021, quedó totalmente satisfecho el déficit de 2005.
Por tipología de tenedores de los derechos de cobro del sistema eléctrico a cierre del año pasado, el 84,2% correspondía a FADE, el 11,2% estaba en manos de entidades financieras, el 2,4% eran vehículos de titulización extranjeros y el 2,2% restante al ICO.
La anualidad estimada para el año 2022 de los derechos de cobro correspondientes a la deuda del sistema eléctrico asciende a los 2.396,9 millones de euros, un 1,06% superior a la satisfecha en 2021.
El coste medio ponderado de la deuda del sistema eléctrico en este año se estima en el 1,896%, lo que implica una disminución de 57 puntos básicos con respecto al coste medio ponderado de la deuda en 2021.
Después de 14 años consecutivos de generación de déficit, en 2014 el sistema eléctrico generó superávit, con un importe de 550,3 millones de euros. Desde entonces, resultaron superávits en el sistema eléctrico en los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, si bien cada año de menor cuantía.
El superávit agregado que se generó desde 2014 hasta 2018 fue de 1.687,5 millones de euros. En el ejercicio 2019, sin embargo, volvió producirse déficit, y tuvo que llevarse a cabo una aplicación del superávit existente para que el ejercicio terminara en equilibrio.
En 2020 se generó de nuevo un superávit de 115,7 millones de euros, si bien debe tenerse en cuenta que este hecho se produjo tras haber aplicado la parte del superávit que aún quedaba disponible en la cuenta, para cubrir los desajustes temporales de este ejercicio.
No obstante, del superávit total generado se destinaron entre 2017 y 2018 casi 520 millones al pago a las empresas por sentencias del Tribunal Supremo sobre la financiación del bono social, así como otros 120 millones de euros a ayudas a la inversión de energías renovables u otros 11 millones a pronunciamientos judiciales a favor de plantas de tratamiento de purines.
Asimismo, se han destinado unos 1.150 millones de euros a los desajustes en los ejercicios 2019 (528 millones de euros), 2020 (506 millones de euros) y 2021 (116 millones de euros).
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