El letrado Carlos Aránguez ha señalado en una nota que el auto de ingreso en prisión se dictó el 27 de mayo y que ese mismo día se presentó el recurso, pero «inexplicablemente» aún no se ha trasladado a Fiscalía, extremo que afirma haber comprobado este mismo lunes. Según ha precisado a preguntas de los periodistas, el plazo de 15 días dado por el juez para notificación del auto e ingreso en prisión termina el próximo sábado 12 de junio.
Aránguez ha mostrado públicamente su «indignación por la rapidez con la que se acuerda el ingreso en prisión de Juana Rivas, a quien –según recalca– ni siquiera se le ha intentado notificar personalmente la sentencia por la que finalmente fue condenada, ni el auto por el que se acuerda su detención e ingreso en prisión, pero en cambio –agrega– nuestros escritos son ninguneados y desatendidos debido a la manifiesta parcialidad de su Señoría en el presente procedimiento».
En este contexto, y aunque garantizan que seguirán «respetando escrupulosamente los mandatos judiciales», advierte de que ejercerán «todas las vías legales oportunas para defender los intereses de Juana, incluyendo una queja al Consejo General del Poder Judicial por el irregular comportamiento de Manuel Piñar, magistrado titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada».
En el citado auto del 27 de mayo, consultado por Europa Press, el juez sostiene que siendo la pena impuesta a Juana Rivas superior a los dos años «no ha lugar a la suspensión» y «procede su ejecución, adoptando las medidas precisas para ello». El juez libró oficio a las Fuerzas de Seguridad del Estado a fin de que en un plazo no superior a 15 días «presenten en el Juzgado a la penada para notificarle el auto» por el que se acuerda que ingrese en la cárcel.
Junto a ello, requirió a Juana Rivas que abone la indemnización de 12.000 euros fijada para su expareja –algo que ya ha hecho– y acordó dirigir exhorto al Registro Civil donde conste inscrito el nacimiento de sus dos hijos menores a fin de que se proceda a la anotación de la privación de la patria potestad por periodo de 6 años, tal y como ha sido condenada por el Tribunal Supremo.
El recurso presentado por la defensa de Rivas, que según confirmaron a Europa Press fuentes judiciales no paraliza la orden de ingreso en prisión, solicita concretamente la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad que le ha sido impuesta hasta que se resuelva la petición de indulto, o al menos hasta que se resuelva este recurso. En caso de no aceptarse ninguna de estas pretensiones, solicitan al Juzgado que otorgue «un plazo razonable para que Rivas comparezca voluntariamente en prisión, dejando sin efecto su orden de busca y captura por las fuerzas y cuerpos de seguridad».
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