La Comunidad de Madrid recurrirá al Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda por invadir sus competencias

Así lo ha explicado el portavoz del Ejecutivo y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, junto al consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Rodrigo ha detallado que se trataría de varios de once apartados de ocho artículos en los que se «extralimita» la interpretación de las competencias del Estado. «Existen argumentos más que importantes para sostener la inconstitucionalidad», ha remarcado el titular de Vivienda, quien ha apuntado a discrepancias en el derecho a la vivienda, la protección pública y el concepto de zona tensionada.

Preguntados por si el anuncio de este recurso a cuatro días de las elecciones, ha explicado que hay plazo hasta el 25 de julio para presentar el recurso.

«Está en vigor la ley. Es un acuerdo firme para presentar el recurso. Mientras que esté en vigor tendrá todo el sentido el recurso y se personarán», ha explicado García.

Precisamente esta Ley es una de las que fueron señaladas por el candidato nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para revisar por haber contado con el apoyo de Esquerra Republicana Per Catalunya (ERC) y EH Bildu.

RECHAZO DESDE QUE EMPEZÓ LA NORMATIVA A PERFILRASE

Desde que se empezó a perfilar esta normativa la Comunidad de Madrid ya mostró su rechazo, ya que entendía que fórmulas como la capacidad de poner ‘topes’ al alquiler lo único que podía provocar era que aumentasen los precios, que solo descienden, a su juicio, aumentando la oferta. Es por ello que, al conocerse que recaería en las autonomías aplicar algunos de sus puntos adelantaron que Madrid no sería una de ellas.

Ya el pasado abril el Ejecutivo autonómico advertía de que adoptaría las «medidas necesarias» ante la Ley que consideraba «invasiva» y fruto de un pacto «sectario».

La entonces consejera de Medioambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, afeaba que la norma nacía «sin consenso» y sin buscar las opiniones de los agentes implicados mientras se «invade flagrantemente las competencias autonómicas». Además, la tachó de un ataque «frontal contra la libertad y la hucha de las familias».

Se trata de una de las normativas clave de la legislatura que negociaron PSOE y Unidas Podemos, que lograron acercar posturas con las fuerzas del bloque de investidura que culminó con un anuncio de pacto que llegó en vísperas de las elecciones del 28M tras más de un año de bloqueo en la Cámara baja.

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