Las conclusiones de la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre las obras de los túneles de la capital y su gestión posterior en la empresa mixta Madrid Calle 30,son un nuevo mazazo para la actuación estrella del exalcalde Alberto Ruiz Gallardón: los grupos municipales, representados en este órgano para evaluar la deuda heredada de alcaldías previas a la de Manuela Carmena, dictaminan que las obras de la M 30 fueron “ilegales” y no contaron con la obligatoria “evaluación de impacto ambiental”.
El dictamen se ha votado este viernes en la comisión del ramo, con Ahora Madrid, Ciudadanos y PSOE a favor, y se elevará al Pleno municipal para su aprobación. Desde abril, esta comisión ha recogido testimonios de concejales, ecologistas, vecinos, técnicos de la empresa mixta y responsables políticos de aquella macroinfraestructura. Y determina que la decisión de no incluir el estudio ambiental fue “intencionada” para que los tramos de obra cumplieran los plazos que convenían a la campaña electoral de las municipales de 2007.
Entre las principales recomendaciones de este análisis de la deuda destaca un consejo al actual equipo de gobierno: que el modelo de gestión de la empresa que actualmente gestiona los túneles vuelva a ser 100% municipal para minimizar los costes a las arcas públicas. Y se apunta al equipo de gobierno de Gallardón como “responsable directo” de los indicios de irregularidades en la sociedad mixta que han llegado a dictar multas al socio privado de la empresa mixta Calle 30.
Entre esas irregularidades, semáforos inexistentes y cámaras de vigilancia ‘fantasma’, todo ello pagado con dinero público pero que resultaba en servicios que no se estaban prestando en la realidad. El actual equipo de gobierno y nuevo responsable de Calle 30 (participada en un 80% por el Ayuntamiento y en un 20% por la empresa Emesa) también denunció facturas duplicadas o el abono de servicios desde las arcas municipales que en realidad debía afrontar el socio privado, según el contrato.
El dictamen recomienda por tanto la remunicipalización para garantizar «un minucioso control sobre el mantenimiento y la explotación de la infraestructura», y también aconseja también licitar otro contrato de conservación de la infraestructura y «una auditoría rigurosa» sobre el cumplimiento del contrato.
En segundo lugar, pide redactar un nuevo pliego de prescripciones técnicas y administrativas para la licitación del nuevo contrato de licitación. Igualmente, propone subrogar el personal de atención a incidencias y emergencias, «que suponen una parte fundamental de la correcta explotación de la infraestructura» y «dotarles de la calificación como servicio de emergencias que deben ostentar y asegurar que su formación es la adecuada para las tareas que realizan.
En tanto que esos cambios no se materialicen, el dictamen propone elaborar auditorías de las obras y el nivel de contaminación en el interior del túnel, además de solicitar al socio privado «en la vía judicial que proceda» la información sobre los costes de cancelación de los contratos de cobertura firmados por la sociedad privada, en los que el Ayuntamiento de Madrid se subrogó en el año 2011 junto con la subrogación de la deuda de la sociedad Madrid Calle 30.
Estas recomendaciones deberán ser asumidas por el equipo de gobierno, responsabilizándose los distintos grupos municipales del control de su cumplimiento.
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