Según un informe de seguimiento de la adaptación de los contratos de suministro de electricidad elaborado por el organismo, existe un número de comercializadoras que ha aplicado un precio mayor al que correspondería por los cambios normativos (además de la variación en el componente regulado, han incluido un incremento en el coste de la energía).
El análisis estima que el número de contratos afectados por esta situación representa el 1,4% de los contratos supervisados en este primer análisis, lo que afectaría a unos 240.000 contratos de suministro.
En la primera fase del análisis se ha tenido en cuenta la información de las 25 comercializadoras con mayor cuota de número de suministros, lo que representa una cuota de mercado del 91% del total del número de puntos de suministro en mercado libre en baja tensión y, el 84% del total de energía en mercado libre en baja tensión.
Del total de los 240.000 contratos afectados, en 90.000 de ellos el comercializador ha informado al cliente, mediante comunicación específica para esta cuestión, de la introducción de modificaciones más allá de las que corresponden al mero traslado de los componentes regulados, dando la posibilidad de rescisión del contrato sin penalización, todo ello de acuerdo con la normativa vigente.
En el resto de los casos (150.000 contratos), no ha existido esa comunicación transparente a los clientes informando sobre la actualización de precios realizada y se ha indicado «incorrectamente» que ésta se ha realizado para recoger la variación de los componentes regulados.
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