El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno propone juzgar a un total de 31 personas físicas, entre ellas los actores Imanol Arias y Ana Duato, y a seis personas jurídicas por el conocido como «caso Nummaria«, la estructura supuestamente creada en torno a este despacho de abogados para facilitar estructuras jurídico-económicas con la finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes frente a la Hacienda Pública y frente a terceras personas.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado de la Audiencia Nacional investiga en este caso delitos contra la hacienda pública, insolvencia punible o frustración de la ejecución, estafa procesal, falsedad documental y organización criminal. La resolución detalla los delitos que se atribuye a cada investigado, que en el caso de los actores Imanol Arias y Ana Duato es el delito contra la Hacienda pública y en el de ella, además, de falsedad documental.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 2 explica que Fernando Peña, máximo responsable del despacho Nummaria, creó una estructura de sociedades «cuya única finalidad es la es la de evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que ésta le genera». Apunta que para el control de esta estructura es auxiliado por su hijo Pedro Ángel Peña Bello y por sus jefes de departamento D. José Luis Álvarez García (fiscal), Pedro Mena Regodon (contable] y Francisco Javier Gómez Gutiérrez (jurídico), quienes «actúan coordinadamente bajo la jefatura de Fernando Peña y con reparto entre ellos de funciones, manteniendo su ilícita actividad de forma permanente al menos desde el año 2005».
“Al tiempo –señala el juez- el despacho Nummaria facilitó estructuras jurídico-económicas diseñadas, implementadas y gestionadas por el despacho con la única finalidad de asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes, bien frente a la Hacienda Pública, bien frente a otras terceras personas físicas y jurídicas que ostentan algún derecho de crédito contra aquellos. Los integrantes del despacho eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas”.
En el caso de Fernando Peña, con el uso de dicha estructura eludió presuntamente sus obligaciones tributarias tanto en el IRPF como en el IVA, que el auxilio judicial ha cuantificado en 9,8 millones en el caso del primero de los impuestos y de 5,8 millones en el segundo.
Moreno afirma que una parte muy importante de los clientes del despacho Grupo Nummaria ha utilizado estructuras societarias opacas diseñadas por éste con el fin de evitar la tributación que hubiera correspondido en España por la obtención de rentas provenientes de todo tipo de negocios situados en nuestro país, así como para la realización de otras actividades ilícitas.
Las estructuras societarias creadas, continúa explicando, son casi idénticas para todos los clientes afectados. «La finalidad de las mismas es evitar la tributación por el IS de las sociedades operativas españolas o, en el caso de las personas físicas, por el IRPF».
Al mantenerse en muchos casos oculta la titularidad de las sociedades también se han evitado en España contingencias fiscales por IRPF, como las asociadas al reparto de beneficios desde las sociedades a sus accionistas [dividendos y asimilados) o posibles ganancias de patrimonio no justificadas derivadas de la tenencia y/o aportaciones de capital vía ampliaciones o prestamos desde las personas físicas a las sociedades operativas, señala el instructor.
Explica el auto que el sistema a través del cual se consigue este efecto no es otro que el de evitar que la facturación a clientes se haga desde las sociedades operativas, desplazando dicha facturación hacia sociedades sometidas al régimen de atribución o imputación de rentas, que finalmente consiguen simular la salida de España de las rentas sin tributación alguna en nuestro país.
Con la estructura societaria creada por Fernando Peña Álvarez para Manuel María «Imanol» Arias Domínguez, dice el juez, este ocultó al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación en la serie de televisión «Cuéntame cómo pasó». De acuerdo con los informes del auxilio judicial, las cuotas presuntamente defraudadas en su IRPF ascenderían a 2.784.933,99 euros.
La resolución recoge que el actor, con posterioridad al inicio de las actuaciones inspectoras de la AEAT (ejercicios 2009 y 2010) y al inicio de las presentes actuaciones, ha realizado diversos ingresos. Los importes ingresados por la cuota de los ejercicios 2009 y 2010 y por declaraciones complementarias presentadas asciende a 2.344.237,20 euros.
En el mismo sentido, indica el juez de la Audiencia Nacional, con la estructura societaria creada por Fernando Peña Álvarez para Ana Consuelo Duato Boix y para Miguel Ángel Bernardeu Maestro, “estos ocultaron al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación, como actriz y productor, en la serie de televisión “Cuéntame cómo pasó”.
El informe del auxilio judicial ha cuantificado las cuotas presuntamente defraudadas por Ana Duato en su IRPF en: 179.069,67 € en el año 2010; 313.034,05 € en el año 2011; 320.416,29 € en el año 2012; 246.998,14 € en el año 2014; 192.143,18 € en el año 2015; 272.077,12 € en el año 2016 y 380.718,17 € en el año 2017.
De otra parte, indica el auto, el 4 de febrero de 2016, con posterioridad al inicio de las actuaciones inspectoras de la AEAT, Ana Duato, ingresó 185.213,76 € por el ejercicio 2010; 311.370,92 € por el ejercicio 2011 y 341.578,93 € por el año 2012.
Por su parte, dicho informe del auxilio judicial ha cuantificado las cuotas presuntamente defraudadas por Miguel Ángel Bernadeu en su IRPF en: 221.977.51 € en el año 2011; 190.047,87 € en el año 2012; 148.021,56 € en el año 2014 y 148.083.61 € en el año 2015.
En otro auto, el magistrado acuerda la formación de una pieza separada para la investigación de un delito de blanqueo de capitales respecto de Fernando Peña y José Luis Álvarez García.
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