Audiencia Nacional
En concreto, Calama se refiere a todos los correos electrónicos emitidos y recibidos por dicho organismo, entre el 1 de abril y el 7 de junio de 2017, con la Junta Única de Resolución (JUR), el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco Popular, Banco Santander, BBVA o cualquier entidad financiera, así como con la consultora Deloitte.
El juez ha recordado al Fondo «su deber inexcusable de colaborar con la Justicia, en los términos que se le solicitó originariamente» en el mismo Juzgado el pasado 14 de abril.
Asimismo, ha indicado que la resolución deberá ponerse en conocimiento expreso de la presidente del FROB, Paula Conthe Calvo, haciéndole saber «que es la tercera vez que este Juzgado se dirige al FROB para que le entregue los correos reclamados sin omisiones ni tachaduras».
El magistrado ya ha tenido que ampliar la instrucción hasta enero de 2022 a la espera de datos que no ha podido recabar en estos cuatro años de pleito.
El pasado 27 de mayo, el que fuera presidente del organismo en el momento en el que se produjo la resolución del Banco Popular en junio de 2017, Jaime Ponce, compareció ante la Audiencia Nacional, señalando que el papel que jugó el FROB en esta operación solo aplicaba lo ordenado por la Junta Única de Resolución.
En la querella penal, en la que está presente la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) como acusación, se imputan delitos como estafa a inversores, delito societario de falsedad de cuentas, delito contra el mercado de valores, administración desleal, información privilegiada y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Este mes de julio se espera la declaración de miembros de la Junta Única de Resolución, entre ellos la propia presidenta de la entidad, Elke König.
Según datos del propio Banco Popular recopilados por Adicae, al cierre de 2016 un total de 230.278 accionistas (un 75,9% del total) de la entidad tenían menos de 4.000 títulos cada uno, y 289.566 mantenían carteras de menos de 10.000 acciones (89,90% sobre el total). Esto implica que la mayoría del accionariado de la entidad estaba compuesto por pequeños accionistas.
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