Francisco Granados, exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid
Al mismo tiempo, el juez, en un auto de este miércoles recogido por Europa Press, rechaza la solicitud de la acusación popular ADADE de declarar partícipes a título lucrativo al PP y a sus 72 diputados autonómicos que resultaron electos.
García Castellón acuerda también enviar a juicio al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, así como a los investigados Alejandro de Pedro, Isabel Gallego, Borja Sarasola, Diego Mora Borobia y José Martínez Nicolás. Además, desestima abrir juicio oral al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, al haber sido sobreseída la causa sobre él en octubre de 2022, una decisión que confirmó la Sala de lo Penal de la AN el pasado noviembre.
Sobre las responsabilidades civiles pedidas por las acusaciones, el magistrado desestima la pedida por ADADE para declarar partícipes a título lucrativo al PP y a los 72 diputados autonómicos y sustitutos de esta formación que resultaron electos en aquellas elecciones.
ADADE entendía que los candidatos del PP se vieron beneficiados del exceso de gasto electoral y de su ocultación, pero el juez considera que esas pretensiones de responsabilidad civil “no pueden prosperar en este punto del procedimiento, después de una prolongada instrucción, sin mayor grado de concreción en cuanto a cada uno de los supuestos partícipes enumerados”. Y la misma conclusión adopta el juez respecto de la petición de la Fiscalía de citar en calidad de partícipes a título lucrativo a los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González.
García Castellón explica que su decisión es congruente con el criterio seguido en el auto de apertura de juicio oral dictado en la pieza separada 7 del ‘caso Púnica’, cuando se resolvió en el mismo sentido ante una petición idéntica de la acusación popular personada en nombre de ADADE-PSOE y que no fue apelada por ninguna de las partes personadas, por lo que devino firme.
“Entiende este magistrado que la sujeción de las partes a este criterio exige ser coherente, manteniendo la misma posición en esta resolución. En consecuencia, se desestiman las solicitudes de responsabilidades a título lucrativo”, concluye.
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