Jubilados
La Seguridad Social presenta un déficit estructural de entre un 1,3% y un 1,5% del PIB, según considera la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha analizado los problemas del sistema de pensiones. Sus consejos: que el Estado asuma este desequilibrio y que a largo plazo se tomen medidas para garantizar el sistema, tales como ampliar los años de cotización o retrasar la edad de jubilación.
La institución que preside José Luis Escrivá ha publicado hoy en su página web una ‘Opinión sobre la Sostenibilidad de la Seguridad Social’, en la que analiza a fondo los problemas a corto y a largo plazo de su situación financiera. Esta Opinión responde a la constatación por parte de la AIReF de la existencia de un déficit estructural en la Seguridad Social, que sitúa entre el 1,3% y el 1,5% del PIB. A su juicio, ese desequilibrio debería ser asumido por el Estado para cerrar esta brecha, ya que visualizarlo como un problema del conjunto de las Administraciones Públicas “permitiría reducir la incertidumbre existente respecto a la sostenibilidad de la Seguridad Social”.
Así, a juicio de la Autoridad fiscal es “factible” cerrar el déficit estructural existente en la Seguridad Social, “mediante la asunción por parte del Estado de determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones”. Por ello, aconseja en primer lugar “la elevación en términos relativos de las cotizaciones destinadas a contingencias comunes (pago de pensiones) a costa de las asignadas al SEPE (pago por desempleo)”.
En segundo lugar, “la asunción por parte del Estado de determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones, como son, entre otros, los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, de medidas de fomento del empleo consistentes en la reducción de cotizaciones, de las prestaciones por maternidad y paternidad y las subvenciones implícitas a regímenes especiales”.
A largo plazo, la AIReF advierte que existen riesgos para la Seguridad Social por razones, fundamentalmente, del envejecimiento de la población, que serán “más visibles a partir de mediados de la próxima década”. No obstante, la institución considera que España aún tiene recorrido para reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones modificando algunos de sus parámetros fundamentales, algo que se puede hacer “de forma gradual, suavizando su impacto”.
En primer lugar, la edad efectiva de jubilación en España (62,4 años) se sitúa por debajo de la media de los países OCDE (64,3 años) y presenta una de las mayores distancias respecto a la edad legal, llegando a alcanzar los 2,5 años, destaca la AIReF. En segundo lugar, el período de referencia para el cálculo de la pensión, fijado actualmente en 20 años (aunque convergiendo en 2022 a los últimos 25 años como consecuencia de la reforma de 2011), está por debajo del utilizado por los principales países de nuestro entorno, donde está generalizada la utilización de la carrera laboral completa.
En ese sentido, la AIReF propone por un lado “modificar los requisitos de acceso a la pensión (anticipada y ordinaria) para fomentar el aumento de la edad efectiva de jubilación”, y por el otro apuesta por un “aumento de la carrera de cómputo de la pensión más allá de los 25 años”.
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