En la misiva traslada su preocupación «por el prolongado incumplimiento del artículo 122.3 de la Constitución Española que dispone que debe ser renovado cada cinco años, igual que cada cuatro años sucede lo propio con las Cortes Generales. «Sin embargo, desde el 4 de noviembre de 2018 no se ha procedido a cumplir con tal mandato constitucional», lamenta.
Desde JJpD inciden en que a pesar de los acuerdo que se dieron y que quedaron frustrados por las «escandalosas revelaciones de unos mensajes instantáneos», en referencia a los maensajes de Ignacio Cosidó, apuntan que ahora que se retoman las negociaciones se sigue «ante un flagrante incumplimiento de las obligaciones constitucionales de quienes tienen el deber institucional de proceder a renovar, en plazo, el órgano».
Indican además que las razones del PP para la no renocavión «son cambiantes e insuficientes» y añaden que «la pretensión de una reforma previa del sistema de elección no puede ser obstáculo para la renovación» ya que si debe hacerse, corresponde a las Cortes Generales adoptarla.
«Pero también es responsabilidad del Congreso y Senado cumplir la Constitución y renovar en plazo, conforme a la regulación vigente en cada momento, el Consejo General del Poder Judicial», subrayan para luego recordar que existe un Pcto de Estado sobre la Justicia que diseñó el actual sistema para la designación del Poder Judicial y que lleva vigente 20 años.
Por ello, reclaman que Lesmes se dirija de nuevo a las Cortes para proceder a la inmediata renovación del órgano y que las presidencias del Congreso y del Senado «inicien ya tal proceso, sea cual fuera su resultado».
«Si hay que hacer cambios en las normas, que se propongan, pero ya tenemos una regulación vigente y aplicable desde hace décadas: la que había el 4 de noviembre de 2018, fecha en la que debería haberse renovado la composición del CGPJ, y que hoy aún está en vigor», añaden.
Asimismo, reclaman que tanto el CGPJ como el Congreso y el Senado se dirijan a la dirección del PP, a Pablo Casado, o a los grupos parlamentarios que sea preciso, «para proceder al inmediato cumplimiento de nuestra Constitución y de la ley» dado que ambas están siendo incumplidas y vulneradas con «técnicas de bloqueo inadmisibles en Democracia».