En su misiva, recogido por Europa Press, la asociación incide en los motivos que ha ido dando la formación de Casado para señalar que no es posible el acuerdo parlamentario para advertir de que no justifican la actual situación.
“Ni su denuncia a la participación de partidos políticos democráticos, ni el veto a jueces que condenaron a su partido por corrupción, ni la pretendida reforma del sistema de elección, ni las elecciones que se convocan en cada momento o la concesión de indultos, explican que el gobierno de uno de los tres poderes del Estado constitucional, el judicial, se mantenga en situación de interinidad”, señalan
El pasado 28 de julio, tras un encuentro con representantes de esta asociación, el secretario de Justicia del PP, Enrique López, manifestó que entre las exigencias para proceder a una inmediata renovación del CGPJ estarían la de que los nuevos vocales no estén actualmente en política y que entre los ocho del turno de juristas no se designe a jueces en activo.
Desde JJpD se identificó la segunda de estas exigencias con un veto específico al nombramiento del magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, propuesto por el PSOE y a quien se atribuyen las frases más polémicas de la sentencia de Gürtel que condenó al PP como partícipe a título lucrativo.
Por parte de la asociación progresista, la exigencia respecto a los vocales no judiciales se identifica con “un precedente negativo en relación con la independencia judicial respecto de las expectativas profesionales de los jueces que hayan conocido de causas contra determinados partidos políticos”.
Fuentes el PP señalan sin embargo que la ley prohíbe que jueces en servicio activo puedan ser nombrados por el turno de juristas, se trate de De Prada -a quien se atribuyen las frases más contundentes sobre la ‘caja B’ del PP en la sentencia del caso Gürtel que llevó a la moción de censura contra Mariano Rajoy- o de cualquier otro.
Ahora, unos días después de esta reunión, JJpD se dirige directamente a Casado por carta para insistirle en su “preocupación por el reiterado incumplimiento del mandato que dispone el artículo 122.3 de la Constitución Española”, relativo al órgano de gobierno de los jueces.
“Partiremos de que ni usted, ni el Partido Popular, ni la ciudadanía, entenderían que no se celebraran elecciones cada cuatro año”, continúa la misiva, que también hace mención a la situación del Constitucional, el Tribunal Cuentas o el Defensor del Pueblo, también en funciones.
La asociación progresista hace responsable de la situación al PP y recuerda a Casado que le llama “poderosamente la atención, puesto que en sus intervenciones públicas denuncia que otros incumplen la Constitución por adoptar decisiones políticas”. “Entendemos que no hay interés partidista que justifique el bloqueo”, añaden.
Además, le recuerdan que cuando el actual líder de la oposición fue elegido diputado en 2011 el Partido Popular, que ganó las elecciones, “proponía en su programa la reforma del sistema de elección del CGPJ, y que no se cumplió dicha propuesta” por lo que ahora no entienden que plantee tal exigencia.
En cambio, recuerdan que fue el Partido Popular, cuando gobernaba, el que sacó adelante con el acuerdo del PSOE en la oposición un Pacto de Estado por la Justicia “que convino el actual sistema de elección del CGPJ”. En este punto, acusan al PP de “boicotear” los intentos de renovar tal órgano constitucional, jactándose en mensajes privados de que posibles acuerdos les permitirían “controlar” el Poder Judicial, en alusión al mensaje del senador Ignacio Cosidó que dieron al traste con una renovación que ya estaba prácticamente pactada en noviembre de 2018.
“Le aseguramos que la judicatura española, sea cual fuere la composición del CGPJ, no va a ser controlada por ninguna opción partidista”, afirma JJpD, para añadir que por ello no comprenden que “se haga padecer a las instituciones constitucionales, y en particular al CGPJ, a esta deslegitimadora situación”. Finalmente, le vuelven a emplazar a cumplir sus deberes constitucionales, “que debiera conocer bien por su condición de jurista”.
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