“Nuestra decisión de hoy se refiere exclusivamente a las ventajas fiscales ilegales concedidas en el pasado a algunos inversores. No se trata de una decisión sobre los astilleros españoles. Lo repito una y otra vez”, ha insistido Joaquín Almunia en rueda de prensa tras hacerse pública la decisión de Bruselas.
“El futuro de los astilleros, de la industria auxiliar, de los trabajadores del sector naval dependerá fundamentalmente de su potencial innovador y de su capacidad para atraer clientes e inversores”, apuntó el comisario de Competencia.
La Comisión Europea exige a España que recupere las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante bonificaciones fiscales entre los años 2007 y 2011. Las subvenciones deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no así ni los armadores ni los propios astilleros, que se libran de la decisión de Bruselas. El dinero se ingresará en la Hacienda española.
A pesar de que hasta las 11,30 de hoy el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, no iba a anunciar la decisión al respecto, esta se ha conocido, según Europa Press, gracias al comisario de Industria, Antonio Tajani, que ha levantado su reserva, según han informado fuentes comunitarias.
Precisamente, Tajani se ha convertido en el mejor socio del Gobierno de Mariano Rajoy ante esta polémica y ha sido el que ha reclamado hasta el último momento que sólo se devolvieran las ayudas posteriores a 2009.
Al final, se ha decidido suavizar la propuesta inicial de Almunia que exigía la devolución de las ayudas desde 2005 y será desde 2007. A pesar de conocerse esta noticia, aún quedan algunos interrogantes como la cifra total de ayudas que deben reembolsarse.
