La Troika –así se conoce al grupo de acreedores institucionales de los países más afectadores del euro, formado por la Comisión Europea, el BCE y el FMI- duda de que el Gobierno de Portugal vaya a poder cumplir los ajustes pactados por el país como contrapartida del rescate, según indica el diario luso Público.
La delegación de la Troika que estuvo la semana pasada en el país para evaluar la aplicación de los recortes y ajustes acordados, ha trasladado sus dudas sobre el compromiso del Gobierno con el recorte del gasto público. Los acreedores temen que el Gobierno portugués carezca de la fuerza política necesaria, de la voluntad e incluso de la capacidad de aplicar un recorte de 4.700 millones de euros en gasto público.
Las conclusiones del informe de este grupo apuntan a los riesgos constitucionales y políticos que podrían conllevar las medidas presentadas a principios de mayo, según una fuente del Ejecutivo conocedora de las negociaciones con la Troika.
Portugal, que acordó en mayo de 2011 un rescate de 78.000 millones de euros, atraviesa una delicada coyuntura económica y política. El pasado jueves día 27 de junio vivió su cuarta huelga general, una semana después de que los profesores organizaran un paro contra los recortes impuestos por el gabinete del primer ministro, Pedro Passos Coelho.
