Las tensiones sociales que sufre Chipre crecen a pasos agigantados. Además de las manifestaciones que ha registrado en las últimas dos semanas la capital, Nicosia, ahora algunos ciudadanos han decidido amenazar directamente al presidente del país, entre otras personalidades.
El periódico local Politis ha recibido una carta en la que se amenaza directamente a los familiares del presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, y a los del gobernador del Banco Central del país, Panicos Dimitriades. Fechada el pasado 20 de marzo, en ella se explica que los nietos y los hijos de ambas personalidades van a ser víctimas de ataques. La carta ya está en manos de la policía chipriota, según ha explicado la bitácora helena Keep Talking Greece.
El pasado 26 de marzo Nicosia acogió la manifestación más multitudinaria de todas las que se han convocado desde que el Gobierno que lidera Anastasiades se vio forzado a recaudar 5.800 millones de euros para activar el rescate de la Troika -valorado en 10.000 millones de euros-. La convocatoria, organizada por los estudiantes del país, concentró la mayoría de sus eslóganes en acusar a la propia Troika de empobrecer el país.
La mayoría de las tensiones que sufre la isla cobraron relevancia cuando a finales de marzo Anastasiades barajó la posibilidad de aplicar una quita a todos los depósitos bancarios de Chipre. Las primeras protestas, así como presiones procedentes del exterior, consiguieron que el presidente prometiera que los depósitos inferiores a los 20.000 euros no se tocarían, manteniendo una quita del 6,75% para los inferiores a los 100.000 euros y del 9,9% para todos los que fuesen superiores a esa cantidad.
Tras darse a conocer estas informaciones, multitud de chipriotas y de extranjeros -principalmente rusos- con dinero en las entidades del país trataron de liquidar sus depósitos. En consecuencia, los bancos se vieron obligados a cerrar dándose lo que se ha conocido como el ‘corralito’ chipriota. Finalmente, el acuerdo aprobado por Anastasiades sólo gravará los depósitos superiores a 100.000 euros. Esta decisión es posterior a la fecha en la que se redactaron las amenazas que han recibido sus familiares.
