El Gobierno griego espera sacar adelante esta tarde en el Parlamento un nuevo impuesto sobre la propiedad. Todo parece indicar, al cierre de esta edición, que con una mayoría parlamentaria de 154 asientos (la Cámara engloba a 300 parlamentarios en total) la formación socialista del primer ministro Yorgos Papandreu (PASOK) no tendrá ningún problema para anunciar la medida que costará, para un trabajador público de perfil medio, 157 euros -más- al año.
Una fuente consultada por EL BOLETÍN cercana al ayuntamiento de una ciudad griega de tamaño medio asegura que el enfado de los funcionarios -uno de los sectores más castigados por las medidas de austeridad impuestas desde Atenas- locales es palpable. Los trabajadores públicos cobran, de media, unos 15.700 euros anuales. Eso supone que esta nueva tasa les restará 157 euros al año.
Que no son 157 euros al año, son 157 euros al año que se suman al impuesto sobre la crisis, a la reducción de salarios (algunos trabajadores vinculados a subcontratas del ayuntamiento no perciben su sueldo desde las pasadas Navidades) y a un IVA que, desde el año 2008, ha crecido en algunos productos desde el 13% hasta el 23%. «Ahora un café cuesta de media entre 4 y 4,5 euros», agrega esta persona.
Por ello las tensiones se acumulan. A una huelga de 48 horas anunciada por los sindicatos del país, y que afectará sobre todo al transporte, se suman comentarios cada vez más habituales en contra de la troika (así se conoce al trío que forman Bruselas, el FMI y el BCE, responsables de las ayudas al país mediterráneo). Porque este nuevo impuesto ha sido anunciado por las condiciones impuestas desde los prestamistas, que exigían nuevas medidas para conceder 8.000 millones de euros que Atenas utilizará para cubrir los vencimientos de deuda en octubre.
