Los directores franceses del Fondo Monetario Internacional (FMI) no parecen librarse de una extraña maldición: la Justicia les persigue. Christine Lagarde, la sucesora de Dominique Strauss-Kahn (que ya fue detenido por las autoridades neoyorquinas hace unos meses y obligado a renunciar a su cargo al frente de la institución supranacional acusado de intento de violación) y ex titular del Ministerio de Economía francés, será investigada a partir de hoy por el Tribunal de la República.
Según la acusación, Lagarde abusó de su autoridad como ministra al aprobar un pago de 285 millones de euros de fondos públicos al millonario Bernard Tapie, de dudosa reputación, en su batalla contra el banco Crédit Lyonnais, que por aquel entonces todavía pertenecía al Estado. El magnate había acusado a la entidad financiera de haberle defraudado en 1993, al vender una participación en la empresa productora de ropa deportiva Adidas.
Pese a haber perdido el juicio, Tapie (un viejo conocido del sistema judicial francés debido a otros escándalos financieros) decidió recurrir la sentencia. Unos meses después, Lagarde intervino en el caso para imponer un arbitraje privado, que se pronunció a favor del magnate. La acusación considera este procedimiento, frecuente en el mundo de las empresas, «no apto» a un caso en el que estaban en juego los intereses del Estado.
El juicio contra Lagarde puede durar varios años. Si es condenada, la directora del FMI se puede enfrentar a hasta cinco años de cárcel y una multa de 75.000 euros. La oposición francesa (a la que pertenece Strauss-Kahn, declarado político socialista y principal rival de Nicolas Sarkozy para las próximas elecciones generales hasta que fue detenido) ha señalado al mandatario galo como principal culpable de toda la trama, y ha insinuado que Lagarde actuó bajo sus órdenes.
