El Senado de los EEUU aprobó hoy una provisión que autorizará al Gobierno a determinar quién calificará las operaciones de bonos complejas, con el objetivo de atajar una serie de conflictos de intereses que habrían contribuido a agravar la crisis financiera.
La medida pretende resolver uno de los problemas más complejos que enfrentan los mercados financieros: la contratación de las agencias de rating por parte de los organismos emisores de los bonos, con el fin de que las agencias les otorguen a sus operaciones calificaciones más altas de lo debido.
El nuevo instrumento legal determina que la SEC (el principal ente regulador estadounidense) establecerá y supervisará una comisión que actuará como mediador entre los emisores de productos financieros y las agencias de rating. El nuevo organismo estará encargado de seleccionar qué agencia llevará a cabo la ‘calificación inicial’ de ciertos activos conocidos como bonos estructurados.
El actual modelo de calificación ha sido criticado por haber, supuestamente, inflado los ratings durante el ‘boom’ inmobiliario, particularmente los de los activos de deuda colateralizada. Muchos bonos con recomendación de ‘triple A’ acabaron siendo calificados como ‘bonos basura’, lo que desencadenó un pandemónium financiero. El Congreso ha acusado a las agencias de rating de ser muy benévolas con los bancos, de los que dependen para obtener sus ingresos.
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