El Ejecutivo de Manuel Valls repite la estrategia en la primera lectura de su reforma laboral: recurre al artículo 49.3 de la Carta Magna para aprobar su proyecto de ley sin someterlo a votación. El Gobierno de Manuel Valls repite la misma jugada para la segunda lectura de su reforma laboral: recurrir al artículo 49.3 de la Constitución francesa para aprobar su proyecto de ley sin someterlo a votación. Tal y como hizo con la primera lectura, el Ejecutivo galo ha justificado su decisión a que la nueva vuelta de tuerca del estamento laboral supone un “progreso social” para el país.
Para el sindicato CGT, el cual está capitaneando las protestas contra el proyecto diseñado por François Hollande, acudir a la Constitución para regatear a los diputados supone un acto que “demuestra una deriva autoritaria muy preocupante”. De hecho, van más allá y consideran que el Gobierno está saltándose la ley ya que la reforma “viola los convenios de la OIT y ha sido sancionado por el Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales de las Naciones Unidas por los efectos que genera sobre la protección social de los empleados y la inseguridad laboral”.
Mientras tanto, los planes de los socialistas pasan porque la reforma laboral quede aprobada en esa cámara lo antes posible a menos que la oposición introduzca en las 24 horas siguientes una moción de censura, algo que los diputados conservadores ya han avanzado que no se plantean hacer.
No obstante, la CGT ya ha lanzado una nueva advertencia al Gobierno de Hollande: “El movimiento social no va a debilitar”. Incluso aunque la reforma sea aprobada en verano donde las temperaturas merman, los sindicatos han asegurado que el Ejecutivo galo ha de “prepararse para un potente remontada y ofensiva” de la calle que busque “impedir la aplicación de la ley”.
