Un Parlamento Europeo muy dividido trata de fijar sus líneas rojas ante el TTIP

Los europarlamentarios presentan 898 enmiendas a un texto de 14 páginas para acordar qué límites deben respetar los negociadores europeos en las conversaciones con EEUU. La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo votará hoy sus líneas rojas para negociar el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) con Estados Unidos. El Europarlamento ya fijó su posición al inicio de las conversaciones hace un año y medio, pero la nueva cámara, resultado de las pasadas elecciones europeas, quiere revisar los avances en la negociación. Y no de cualquier forma: los grupos parlamentarios han presentado 898 enmiendas a un proyecto de informe de 14 páginas.

La polémica que ha rodeado al TTIP durante el último año polariza el debate allá por donde pasa, Parlamento Europeo incluido. El tratado no solo se basa en la supresión de aranceles entre Europa y Estados Unidos, actualmente muy bajos. Supone la eliminación de barreras administrativas y legislativas entre dos regiones que suman 850 millones de consumidores y que afectarían al sector financiero, energético o agrolimentario, entre muchos otros. Para algunos, la creación de este espacio supone una preciosa oportunidad de crecimiento económico y creación de empleo, frente a los que creen que el TTIP permitirá a las multinacionales moldear la legislación de acuerdo a sus intereses y la vulneración de los derechos de trabajadores y consumidores.

¿Pero qué asuntos concretos se negocian en el tratado y en qué punto se encuentra? Arrojar luz sobre todo ello es prácticamente imposible: no se conoce el texto legal con el que trabajan los equipos de negociadores y tampoco los europarlamentarios tienen acceso a toda la documentación (deben consultarla en una sala custodiada por un funcionario y sin posibilidad de hacer copias o extraer material). El propio informe de la eurocámara admite que “el carácter secreto de las votaciones ha dado lugar a deficiencias en términos de control democrático de proceso de negociación”.

¿Y las líneas rojas? El elevado número de enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios da cuenta de la polarización del debate en el seno del europarlamento. No obstante, el texto actual ya establece algunos límites para los negociadores europeos. En primer lugar, asume que el acuerdo “no va solucionar los problemas económicos de la UE”, por lo que “no se deben suscitar falsas esperanzas” y matizar las partes del tratado que aseguran que el TTIP podría “contribuir a la reindustrialización de Europa y a lograr en 2020 que el PIB de la UE generado por la industria pase del 15% al 20%”, entre muchas otras expectativas.

Por otro lado, valora uno de los puntos más polémicos del acuerdo de libre comercio: el órgano de Solución de Controversias entre inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés), que permite a los inversores litigar con los Estados ante tribunales de arbitraje privados. Es decir, si una legislación estatal contraviene los intereses de una multinacional extranjera que invierte en el país bajo el auspicio de una ley pública y ambas partes han firmado la cláusula de arbitraje, la multinacional puede dirimir sus diferencias con el Estado de igual a igual y por encima de los órganos jurisdiccionales del estado. El Parlamento cree ahora que la competencia de los tribunales de los países miembros “no debe quedar limitada por regímenes especiales para litigios entre inversores”.

En tercer lugar, el tratado plantea la liberalización de contratos públicos y licitaciones para que empresas de ambos lados del Atlántico puedan interactuar sin restricciones en el ámbito de la contratación pública. Sin embargo, el aluvión de críticas ante la desprotección de los consumidores ha llevado al Parlamento Europeo a entender que los “servicios sensibles” como el agua, la salud, los sistemas de seguridad social y la educación deben quedar excluidas de esa desregulación, de manera que la administración siga teniendo potestad de legislar en favor del “interés público”.

También enncomienda a los negociadores europeos la tarea de asegurar que la liberalización comercial no vulnerará los principales acuerdos laborales recogidos por a OIT, los acuerdos internacionales fundamentales en materia de medioambiente y el respeto de las multinacionales a las directrices sobre responsabilidad social corporativa fijadas por la OCDE.

Para los grupos más críticos con el tratado de libre comercio, entre los que se encuentran los europarlamentarios españoles de IU y Podemos, la votación solo dará pie a dos escenarios: que se apruebe un texto con límites muy débiles pero que se rechace el polémico ISDS o que obtenga mayoría un texto con límites igualmente débiles y con la propuesta de una reforma general del elemento ISDS, en lugar de su supresión.

La derecha europea, en cambio, critica la lentitud de las votaciones y el hecho de que haya que tratar tal cantidad de enmiendas. La única sorpresa posible en la valoración de las líneas rojas ante el TTIP solo puede provenir de los socialdemócratas europeos, un grupo que incluye a algún eurodiputado díscolo que no se ciñe a la voz oficial, como la socialdemócrata belga Maria Arena.

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