La detención de Puigdemot, señala Interior, “ha sido, es y será, hasta su cumplimiento, un objetivo operativo para todas las unidades y servicios policiales del Ministerio”. Y como tal, remarca, está incluido en la Base de Datos de Señalamientos Nacionales desde el 3 de noviembre de 2017, con sucesivas modificaciones posteriores en función de las distintas situaciones procesales del expresident.
El último de estos cambios, recuerda el departamento de Marlaska, se realizó el pasado 11 de junio, cuando el magistrado del Supremo resolvió mantener en vigor la orden de detención de Puigdemont.
Dicho esto, Interior asegura en su informe que “en los dispositivos de control y vigilancia establecidos por Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera con Francia, así como en puertos y aeropuertos, no se detectó en momento alguno y hasta la fecha la presencia del prófugo Carles Puigdemont”.
El documento recuerda que el artículo 67 del Tratado de la Unión Europea garantiza la ausencia de controles de personas en las fronteras interiores que, según lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento UE, 2016/399, código de fronteras Schengen, han de poder cruzarse en cualquier lugar sin que se realice inspección fronteriza alguna de personas, cualquiera que sea su nacionalidad. Estas limitaciones, apunta, dificultan “que cualquier dispositivo de control policial pueda garantizar una impermeabilidad absoluta, incluso disponiendo de información previa o de dispositivos legales de control o seguimiento”.
Asimismo, “sobre una posible captura de Puigdemont ya en territorio nacional”, el informe remitido al Supremo expone que, por los canales y medios habituales de comunicación, “los Mossos d’Esquadra informaron al ministerio del diseño de su dispositivo específico y especial para proceder a la detención del expresident una vez fuese localizado”, asegura el departamento de Marlaska.
Interior, continúa, ofreció a la Policía de la Generalitat “cualquier apoyo operativo” por parte de Policía Nacional y de Guardia Civil que precisase, “sin que fuesen requeridos tales apoyos más allá de los habituales prestados a través de la mesa de coordinación operativa y de intercambio de información e inteligencia”.
Por tanto, deja claro Interior, desde los días previos al 8 de agosto Policía Nacional y Guardia Civil mantuvieron activados los controles de en fronteras, puertos y aeropuertos y en el conjunto de Cataluña, sobre todo en la ciudad y área de influencia metropolitana de Barcelona, pero “dada la competencia y capacidades operativas de los Mossos d’Esquadra como policía integral en Cataluña en materia de seguridad ciudadana, policía judicial y de investigación criminal y policía administrativa”, Policía Nacional y Guardia Civil no realizaron operativos paralelos para detener al expresident.
“Una vez conocida la fuga de Puigdemont el pasado jueves”, el Ministerio del Interior “impartió instrucciones al jefe superior de Policía y al general jefe de Zona de la Guardia Civil, a través del delegado del Gobierno de Cataluña, para que, por un lado, “se activasen los recursos operativos y de inteligencia extraordinarios de ambos cuerpos” para localizar y proceder a la detención del expresident.
Así, “y con los recursos disponibles”, defiende, “se estableció un refuerzo de la vigilancia de puertos y aeropuertos de la Comunidad de Cataluña, y se dispusieron dispositivos operativos en ciertas vías públicas, en especial aquellas que conducen o están próximas a la frontera con Francia, aunque las vías de alta capacidad quedaron bajo la responsabilidad de los Mossos de Esquadra”. Estos dispositivos actuaron hasta las 24 horas del sábado 10 de agosto.
