Tras afirmar que Igualdad “trabaja desde la entrada en vigor” de la ley en “facilitar su correcta aplicación”, fuentes del ministerio dejan claro que “no existe ninguna reforma penal de la ley que pueda frenar las revisiones, ya que son consecuencia de la incorrecta aplicación del derecho transitorio y de la propia ley”. Ante esto, sostiene que “una de las soluciones posibles es poner en marcha de manera urgente un plan de medidas para la especialización judicial, la formación en violencias sexuales y el incremento de efectivos para la protección de las mujeres”.
“Es imprescindible frenar cualquier intento de la derecha para volver al modelo anterior, basado en la violencia y la intimidación y que exigía a las mujeres pasar por un calvario probatorio para poder demostrar las violencias sexuales ejercidas contra ellas”, apuntan desde el departamento de Irene Montero.
Dicho plan contempla doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual, así como el refuerzo de la Fiscalía de violencia sobre la mujer, garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas e incluir a las víctimas de esta violencia en el Servicio de ATENPRO e incrementar el número de dispositivos.
Además, incluye el refuerzo de las unidades de valoración forense integral, la formación especializada en violencia contra las mujeres a todo el personal de la Administración de justicia e interior, la implementación de las ayudas a víctimas y la creación del servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializada en violencia sexual en el Sistema nacional de Salud. Por último, abogan por un incremento del número de agentes que Interior indica que dedica de forma exclusiva a la protección de las mujeres que sufren esta violencia y puntos violeta en todas las dependencias e instalaciones públicas.
