Esta medida se contrapone con la anunciada hace dos semanas por la Comisión Europea, quien se mostró contraria a prohibir estos servicios. El Ministerio de Fomento ha amenazado a las empresas que promuevan, oferten o presten servicios de coches compartidos, como Blablacar o Uber, que no cuenten con la correspondiente autorización de transporte para operar con multas entre 4.001 y 6.000 euros, importes que aumentarían hasta los 18.000 en caso de reiteración.
A los usuarios de estos servicios, la cartera que dirige Ana Pastor, les ha advertido de que al usar estos servicios sin posesión de dicha licencia administrativa están incurriendo en una “infracción muy grave” que puede conllevar multas de entre 401 y 600 euros.
En un comunicado, el Departamento que dirige Ana Pastor indica que estas multas están fijadas en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). Este texto establece que las personas y las empresas que realicen transportes de viajero por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica tienen que estar autorizados para ello por la Administración, informa Europa Press.
Así, Fomento indica que los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre velarán por el cumplimiento de esta legislación «ante la aparición de anuncios en los medios y redes de comunicación en los que distintas empresas hacen pública su intención de lanzar plataformas de contratación de servicios de transporte de viajeros en vehículos de turismo particulares».
Según recuerda el Ministerio, dicha autorización de transporte tiene como fin «asegurar que el servicio que reciben los usuarios reúne las adecuadas condiciones de seguridad y calidad». «Circunstancias que no son posibles de presumir cuando el prestador del servicio no ha acreditado ante la Administración que cumple con los requisitos legales y reglamentariamente exigidos para obtenerla», según subraya Fomento.
Así, Fomento asegura que, en coordinación con las comunidades autónomas, en cuanto tiene conocimiento de la prestación de servicios que pudieran no adecuarse al marco regulatorio vigente, «realiza todas las actuaciones de inspección y control precisas y establece, en su caso, las sanciones que corresponden cuando existan conductas contrarias a la mencionada legislación».
Además, Fomento asegura que ha trasladado a las inspecciones de otros Departamentos (como Empleo o Agencia Tributaria) los posibles incumplimientos que afecten a sus respectivas competencias «para asegurar el pleno cumplimiento de toda la legislación vigente».
Este anuncio se contrapone con el que hizo ni hace dos semanas la Comisión Europea. El pasado 29 de mayo, Bruselas se mostró contraria a prohibir los servicios de transporte en vehículo compartido entre particulares
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