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El cierre el pasado sábado de la central eléctrica pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC) acometida por el Gobierno mexicano ha provocado una oleada de críticas al Ejecutivo por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de algunos diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido del Trabajo (PT). Hasta tal punto que ya el SME ha promovido un recurso de inconstitucionalidad. “Se están invadiendo las acciones del Congreso, hay una invasión de las competencias por parte del Gobierno, por lo que hay una inconstitucionalidad”, aclaró Gabriel Reyes, abogado consultor del sindicato. Por su parte el Gobierno y los partidos que le apoyan han manifestado que la circunstancia financiera y operativa de la compañía la hacían inviable para seguir prestando el servicio público de energía eléctrica. Además, los costos exorbitantes, las constantes pérdidas y los pasivos laborales en permanente aumento de LyFC hacían inconveniente su permanencia. LyFC abastece de electricidad a unos 25 millones de personas en la capital mexicana, 82 municipios del vecino Estado de México, 45 de Hidalgo, dos de Morelos y tres de Puebla, Actualmente sus instalaciones se encuentran tomadas por agentes de la Policía Federal desde que el Ejecutivo decretó su extinción el pasado sábado por problemas financieros.