Dos funcionarios de la Policía Judicial entregan en mano el auto que da tres días al Arzobispado para remitir la documentación «íntegra» sobre el ‘clan de los Romanes’. El juez ha perdido la paciencia por la falta de colaboración que está demostrando el arzobispo de Granada en el caso de supuesta pederastia en el que están implicados sacerdotes del ‘clan de los Romanones’ y hoy ha enviado a la Policía para entregarle en mano el auto en el que le da tres días para remitirle toda la documentación que obra en poder de la Diócesis sobre este caso de supuestos abusos sexuales a menores.
Es el que informa que “este mediodía, dos funcionarios de la Policía Judicial han entrado en la sede del Arzobispado para entregar en mano a Javier Martínez el auto del juez Antonio Moreno, publicado este lunes, en el que le conmina a entregar, en el plazo de tres días, la documentación íntegra del caso Romanones, incluidos los interrogatorios a los diez sacerdotes implicados en la trama”.
Y explica que “la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada se produce después de que, desde el pasado lunes, un funcionario hubiera intentado en dos ocasiones, sin éxito, hacer entrega del auto al arzobispo” puesto que “sus colaboradores arguyeron que el prelado no se encontraba en esos momentos”.
Dos días después, y siempre según eldiario.es, dos funcionarios, un hombre y una mujer, por mandato del magistrado, han entrado en la sede del Arzobispado pocos minutos antes del mediodía, permaneciendo alrededor de siete minutos en el palacio episcopal.
Señala que “en el transcurso de este tiempo, han solicitado la presencia del arzobispo y le ha hecho entrega de los nueve folios del auto judicial en el que da un plazo de tres días al prelado para que remita ‘las declaraciones, interrogatorios e informe que hubo de suscribir de forma escrita’ a los diez sacerdotes y dos seglares imputados en el caso”.
Recuerda este medio que el juez informa en su auto que en el caso caso de no contestar a este requerimiento, Martínez «podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial y/o denegación de auxilio a la Justicia, librándose los oportunos testimonios para depuración de sus presuntas responsabilidades».
Además apunta que la actuación del prelado «supone indiciariamente una evidente negativa a cumplir y colaborar con las autoridades civiles, o de ocultación».
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