Hazte Oír crea una línea de teléfono de «atención a las víctimas de adoctrinamiento de género» en las aulas

La organización Hazte Oír, promotora del ‘pin parental‘ (o veto educativo) para que los padres puedan vetar la asistencia de sus hijos a clases de educación afectivo-sexual en las aulas, ha creado una línea de teléfono de «atención a las víctimas de adoctrinamiento de género» con el que pretende hacer un registro de quejas y ofrecer asesoramiento jurídico a las familias.

El presidente de la organización, Ignacio Arsuaga, ha explicado este miércoles en rueda de prensa que esta línea de teléfono «pretende ser una herramienta a disposición de los padres de familia que quieran defender a sus hijos del abuso emocional que conlleva la imposición obligatoria de los dogmas LGTBI o del feminismo radical».

Esta línea telefónica, bautizada por Hazte Oír como el ‘teléfono pin parental’, ofrece atención las 24 horas en el 663 700 989, aunque la organización también ha puesto en servicio una dirección de correo electrónico para que las familias «afectadas» hagan llegar sus denuncias.

«Llevaremos un registro de los casos, asesoraremos a la víctima para que presente el ‘pin parental’ si todavía no lo han hecho. Si sufre algún tipo de discriminación, acoso o amenaza le defenderemos y le proporcionaremos un servicio jurídico gratuito si lo necesita o si desea iniciar actuaciones», según Arsuaga.

La portavoz de Hazte Oír, Teresa García-Noblejas, ha defendido en la rueda de prensa celebrada en la sede de la organización en Madrid el ‘pin parental’. «Claro que es un veto. Es un dique, una murallas frente al dogmatismo de género y las feministas radicales», ha proclamado.

«¿Quiénes son los políticos para negar a los padres el derecho a conocer la identidad, la cualificación pedagógica y el enfoque ideológico de los individuos que dan charlas y realizan talleres de contenido afectivo-sexual con sus hijos?», ha dicho García-Noblejas, que ha cuestionado, que no existan registrada apenas quejas de padres contra estos contenidos en las aulas.

Según la portavoz de Hazte Oír, su organización lleva «meses recibiendo denuncias», e interpreta que si no se producen más es porque las familias tienen «miedo». «No hay denuncias porque no hay canales, los padres tienen miedo porque se les discrimina», ha opinado.

Una «victoria en Murcia

La semana pasada, Hazte Oír calificaba como una «victoria» la implantación en la Región de Murcia del ‘pin parental’, una medida que el partido Vox está exigiendo en las comunidades donde apoya gobiernos de coalición de Partido Popular y Ciudadanos a cambio de respaldar sus presupuestos autonómicos.

«Nuestra gran victoria en la región de Murcia ha puesto a Pedro Sánchez de los nervios», afirma la organización aludiendo al anuncio del Gobierno de recurrir en los tribunales el ‘pin parental’, que califica como una herramienta de los padres «frente a los totalitarios» en esta nueva campaña, que según Hazte Oír cuenta ya con el respaldo de más de 100.000 personas.

Hazte Oír también anunció que denunciará a los directores de los centros educativos que «obstaculicen» la implantación del ‘pin parental’ y a los consejeros de Educación de las autonomías que se opongan a esta medida que consideran un «derecho» de los padres «frente a los activistas LGTBI, las feministas supremacistas y los ideólogos de género».

El pasado mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar, Hazte Oír envió a 23.000 colegios públicos y concertados de toda España ejemplares del formulario ‘Pin parental contra el adoctrinamiento en ideología de género’, para que los padres soliciten información previa y consentimiento expreso para la asistencia de sus hijos a clases con contenido afectivo-sexual.

Además, la entidad envió la misma documentación a 6.000 Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS) de colegios e institutos de enseñanza secundaria de Castilla y León, Murcia, Andalucía y Madrid en las que gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y Vox. Una campaña que la Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) denunció ante la Fiscalía General del Estado al considerar que «fomenta el odio» y podía constituir un delito.

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