Si se desglosa cada una de las figuras, el gravamen de las entidades de crédito ha supuesto una recaudación de 1.695 millones de euros. Por su parte, el impuesto a las empresas energéticas se ha situado en los 1.164 millones.
Estos gravámenes, “que tienen un primer pago anticipado en febrero y un segundo pago de liquidación en septiembre”, recuerdan desde el departamento de María Jesús Montero, “siguen las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios”.
En ambos casos, el pago conocido del ejercicio 2024 se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2023.
Ambas figuras fueron aprobadas a finales de 2022 y se enmarcan en una política fiscal del Gobierno “justa y progresista donde se pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen, como son las grandes multinacionales a través de un tipo mínimo del 15% o de los grandes patrimonios mediante el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas”, apunta Hacienda.
En este sentido, tanto los bancos como las energéticas “acumulan cifras récord de beneficios, por lo que es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social del país”, defiende el ministerio.
Asimismo, destaca que la política fiscal del Gobierno “ha permitido aliviar la carga impositiva de las rentas medias y bajas a través de la mayor rebaja de la historia en impuestos vinculados a la energía o del IVA, que ha supuesto un ahorro para las familias de 25.000 millones de euros”.
“A esta cantidad hay que añadir”, continúa en una nota, “la rebaja del IRPF a las rentas hasta 21.000 euros, que ha supuesto 5.000 millones de ahorro en las retenciones del impuesto. También la reducción del Impuesto de Sociedades del 25% al 23% para las pymes con una facturación hasta un millón.
