El pasado viernes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lanzaba un ultimátum de 48 horas (días lectivos) al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont. Si en ese tiempo el máximo representante de la Generalitat no firmaba el acuerdo de no disponibilidad planteado desde Hacienda, Montoro intervendría directamente (y parcialmente) las cuentas del Govern. Y eso es lo que va a suceder.
Este martes a la tarde se cumplieron 48 horas sin noticias de Carles Puigdemont en relación al acuerdo de no disponibilidad. Lo más reseñable en cuanto al asunto fue la admisión a trámite del recurso interpuesto por la Generalitat al Tribunal Supremo en el que solicitaba la suspensión del acuerdo. Sin embargo, el Supremo aclaró que Hacienda podía intervenir las cuentas catalanas mientras la Justicia entraba al fondo de la cuestión.
Este miércoles, Hacienda confirma a EL BOLETÍN que ya ha dado la orden para ejecutar ese acuerdo de no disponibilidad por el que pagará directamente las nóminas y a los proveedores sin paso previo por las cuentas de la Generalitat.
El Govern dejará de ingresar el dinero correspondiente a la financiación autonómica del Estado (1.400 millones mensuales) como estrategia de Hacienda para evitar que se sufraguen gastos correspondientes a la organización del referéndum del 1 de octubre. Será Hacienda quien pague directamente a médicos, sanitarios, profesores, y demás funcionarios.
Además, Hacienda mantendrá el control de gastos de la Generalitat.
Estrecho sobre los bancos
Según la orden del Ministerio de Hacienda, el Govern debe facilitar “una relación de acreedores con los que la Comunidad Autónoma tiene obligaciones pendientes de pago por importe equivalente al que le corresponde en su participación en las entregas a cuenta de los regímenes de financiación, indicando el capítulo y programa presupuestario al que corresponde”.
El Ministerio de Hacienda pide a su vez a las entidades financieras que denuncien si detectan cualquier pago o transferencia relacionada con el referéndum del 1 de octubre. Esta petición se enmarca dentro del Acuerdo de la Comisión de Delegada que ha acordado la intervención de las cuentas de la Generalitat.
Sin embargo, la Generalitat ha solicitado vía administrativa a los bancos que no bloqueen sus cuentas.
Riesgo para los funcionarios
La intervención de las cuentas catalanas puede dejar en el aire el salario de miles de funcionarios residentes en Cataluña. Hacienda se compromete a pagarlos directamente. Sin embargo, necesita información personal (cuenta bancaria, nombre) de cada funcionario para ejecutar la orden, algo que a lo que la Generalitat, de momento, se niega.
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