Guindos desmiente a Rato y culpa al Gobierno de Zapatero de “incentivar” la salida a Bolsa de Bankia

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha salido al ataque en su comparecencia ante la Comisión del Congreso que investiga la crisis bancaria. Por un lado, ha cargado contra su predecesora en el cargo, Elena Salgado, por “incentivar” la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011; aunque los principales dardos han ido para Rodrigo Rato. Aunque ha evitado en todo momento pronunciar su nombre, ha basado buena parte de su intervención en desmentir el relato que en este mismo escenario hizo la semana pasada el expresidente de Bankia.

Guindos ha iniciado su exposición recordando los orígenes de la crisis y las medidas adoptadas por el ministerio que dirige a partir de 2012, pero pronto ha centrado en Bankia sus reflexiones. Tal y como ha recordado, BFA-Bankia era el “principal foco de incertidumbre del sector financiero español” cuando llegó al cargo, lo que a su vez convertía a la entidad en “el principal problema de la economía española, que era el mayor riesgo para la moneda única” en esos momentos. Guindos ha relatado así que en las reuniones del Eurogrupo, del Foro de Davos o incluso en las que mantuvo con el secretario del Tesoro estadounidense durante sus primeros meses en el cargo había un denominador común: “todos ellos expresaban su preocupación” sobre el sector bancario español en general y Bankia en particular.

Guindos, que ha recordado que Bankia “era la entidad con mayor exposición a la burbuja inmobiliaria”, ha centrado buena parte de su intervención en explicar el contexto en el que se produjo la salida a Bolsa del banco, ahora investigada por los tribunales. En ese sentido, ha señalado que en 2011 el “Gobierno socialista” elevaba los requisitos de capital para el conjunto de la banca española hasta un nivel mínimo del 8%, que se elevaba al 10% “en las entidades con menores posibilidades de captar capital”.

Bankia decidía salir a Bolsa en julio de ese año “sin duda incentivada por el real decreto ley”, lo que le permitió captar unos 1.800 millones de euros. Si no hubiese salido al mercado de capital, los requerimientos habrían ascendido a 5.700 millones, por lo que “la única alternativa real” hubiese sido que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) pusiese ese dinero, lo que “hubiera supuesto de facto su nacionalización”. Además, la economía española había vuelto a entrar en recesión y había que tener en cuenta la exposición al Banco de Valencia, que fue intervenido el 21 de noviembre de ese año, con una inyección de capital de 1.000 millones de euros, que se sumaron a otros 2.000 en liquidez.

La situación de Bankia se hizo insostenible en 2012, según ha señalado Guindos, que ha señalado que el entonces presidente del banco, Rodrigo Rato, planteó “diferentes opciones de fusión”, pero ninguna de ellas acabo llegando a buen puerto. El ministro ha aprovechado además para lanzar un dardo a Rato al recordar que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) impuso una sanción grave a Bankia “por exceder los límites de negociación de las acciones propias” de manera “clara y frecuente” durante las semanas previas a su dimisión del cargo. En la misma línea ha explicado que el regulador publicó un hecho relevante con las cuentas del ejercicio anterior que Bankia había presentado, que no iban acompañadas del correspondiente informe de auditoría. “Un hecho realmente inaudito”, ha apostillado.

Frente a la acusación de Rato de que Guindos exigió su dimisión, el titular de Economía ha señalado que “el presidente del grupo me informó de su intención de dimitir, que también trasladó a la CNMV mediante un comunicado en el que decía haber decidido pasar el testigo a un nuevo gestor por estimar que era lo más conveniente para esta entidad”.

Finalmente, BFA-Bankia fue la entidad “que más recursos públicos necesitó en términos absolutos”, una factura de 22.424 millones de euros que la Comisión Europa eleva a 36.000 millones. Estos millones adicionales se explican por la transferencia de activos a la Sareb, que se traducen en unos 12.000 millones de euros “de ayudas de Estado” por la diferencia entre los precios de transferencia y los precios del mercado, así como por las pérdidas de 1.759 millones de euros que se evitaron por la intervención del Banco de Valencia, y ello sin contar con los avales públicos concedidos.

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