Guardias civiles y policías llevan al Defensor del Pueblo el incumplimiento de la equiparación salarial

Policías nacionales y guardias civiles han pedido al Defensor del Pueblo que abra una investigación para esclarecer los “incumplimientos” del acuerdo de equiparación salarial por parte del actual equipo del Ministerio del Interior, al considerar vulnerados varios de los compromisos asumidos por el Gobierno hace 15 meses. La denuncia ante el Defensor del Pueblo se presenta mientras un juzgado de Madrid instruye un procedimiento penal para aclarar si altos cargos de Interior ejercieron “presiones” sobre los consultores de Ernst&Young para que las conclusiones de su informe se acomodaran a los 807 millones ya comprometidos.

Según informe elindependiente.com el paso lo han dado este martes la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), dos de las 11 organizaciones representativas que en marzo de 2018 firmaron el acuerdo por el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se comprometía a recortar la brecha salarial con las policías autonómicas en tres años.

Ese pacto no sólo incluía el compromiso de consignar 807 millones de euros para su desembolso entre 2018 y 2020. También establecía otras obligaciones para el Ministerio del Interior que la CEP y la AEGC consideran vulnerados por el departamento que hoy dirige Fernando Grande-Marlaska, motivo por el que han pedido ahora el amparo del Alto Comisionado de las Cortes Generales.

En el escrito, del que informa elindependiente.com, los denunciantes censuran que la consultora externa (Ernst&Young Abogados) haya entregado ya dos versiones del trabajo que se le encomendó para comparar las retribuciones y los puestos de trabajo e Interior no les haya informado aún “ni sobre su contenido ni sobre sus conclusiones”. Este informe es clave para determinar si los 807 millones comprometidos son suficientes para alcanzar la equiparación “total y absoluta” o se requiere una partida adicional.

En la cláusula primera, la Secretaría de Estado de Seguridad aceptaba que en la elaboración de dicho estudio se contaría con la participación de los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil firmantes del acuerdo. Este compromiso no se ha cumplido.

Igualmente, consideran vulnerado el pliego de prescripciones técnicas que reguló la contratación de la auditora externa por cuanto no se ha permitido a un representante de los policías y guardias civiles asistir a una reunión de trabajo al menos al trimestre con la consultora. “Ni sindicatos ni asociaciones profesionales hemos podido hacerlo”, se quejan en el escrito.

Asimismo, la CEP y la AEGC censuran al equipo de Grande-Marlaska por no haber activado la pasarela prevista en dicho acuerdo a fin de que los agentes en situación de segunda actividad sin destino o reserva no ocupada que lo desearan pudieran reincorporarse a la actividad operativa. “Ni se han determinado las condiciones, ni se ha empleado la partida de 2018 (100 millones), ni la de 2019”, sostienen.

“En conclusión, el proceso de adjudicación y elaboración de un informe externo sobre el acuerdo de equiparación salarial de marzo de 2018 ha incumplido la obligación asumida por las partes firmantes (participación de sindicatos y asociaciones profesionales en su elaboración) y las obligadas por el pliego de cláusulas técnicas que lo regula (obligaba a mantener reuniones de la consultora con representantes de los firmantes). Y su contenido y conclusiones permanecen, a pesar de existir dos versiones del documento entregadas oficialmente en la Secretaría de Estado de Seguridad, ocultas al conocimiento de las partes que suscribieron el acuerdo que dio lugar a su adjudicación y elaboración”, resume el escrito presentado en la Oficina del Defensor del Pueblo.

La CEP y la AEGC instan al Defensor del Pueblo a reclamar la citada documentación y pedir las “explicaciones pertinentes” al Ministerio del Interior para “exigir que cumpla el acuerdo” de equiparación firmado hace 15 meses.

Sindicatos representativos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil intentan desde hace meses conocer las conclusiones del informe elaborado por Ernst&Young, entregado inicialmente en Interior a finales de febrero. El equipo de Grande-Marlaska lo echó para atrás el 27 marzo al entender que el trabajo realizado por la consultora no cumplía las condiciones del encargo, ofreciéndole un plazo adicional de 45 días hábiles para rehacerlo.

Ese margen expiró la primera semana de junio, sin que Interior haya convocado todavía la comisión general de seguimiento del acuerdo de equiparación salarial para dar a conocer a los representantes de los agentes las conclusiones a las que ha llegado la auditora. Con seguridad, representantes de asociaciones profesionales de la Guardia Civil le preguntarán por el informe al director general del Cuerpo, Félix Azón, durante el pleno del Consejo que se celebrará este miércoles.

Denuncia penal de la AUGC

Se trata de la denuncia que interpuso la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) el pasado 3 de abril -en la que se ha aceptado la personación de la Unión Federal de Policía (UFP)- y que el Juzgado de Instrucción 17 de Madrid admitió a trámite al apreciar indicios de “infracción penal” en los hechos denunciados por esta organización. La juez ha requerido tanto a la consultora como a Interior que le entregue copia de todos los informes relacionados con la equiparación salarial.

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