Pradas se ha acercado a los juzgados, acompañada de su abogado, a las 9.17 horas, donde hoy tiene que declarar ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja como investigada por su gestión de la Dana del pasado 29 de octubre. A la llegada de la exconsellera, los manifestantes le han gritado “asesinos” y han hecho sonar una sirena. Seguidamente, víctimas y familiares se han abrazado y han comenzado a llorar preguntando a los políticos “dónde estábais a esas horas”, según Europa Press.
Momentos antes de las 9 horas, varias personas, familiares y víctimas de la riada, así como asociaciones, ya estaban concentrados a las puertas de la Ciudad de la Justicia con pancartas en las que se podía leer “asesinos”; “justicia por mi marido y mis hijos”; “nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia”; o “Mazón dimissió. Associació Víctimes de la Dana”.
Además, algunos concentrados en los juzgados llevaban camisetas en las que se podía leer ‘229 fallecidos, 0 responsables. Valencia no olvida’, y se ha exhibido una figura gigante de Mazón con la cara sonriente y las manos rojas simbolizando que están manchadas de sangre.
La jueza instructora acordó la citación de Pradas porque era la persona que el día de la riada tenía atribuida como máxima autoridad el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población y, respecto a Argüeso, apuntaba que era “necesaria” su declaración dada su “relevancia orgánica y, por ende, decisoria”, recoge la mencionada agencia.
Tras conocerse estas imputaciones, Pradas emitió un comunicado en el que subrayaba que “desde el primer minuto hasta el último” del día 29 estuvo atendiendo las funciones institucionales que correspondían según la normativa aplicable.
En el auto de citación como investigados, la jueza afirmaba que el aviso a la población por el sistema Es-Alert a las 20.11 horas del 29 de octubre “fue tardío y erróneo”; señalaba que la Dana “no fue un fenómeno meteorológico imprevisto”, ya que su avance y desarrollo fue anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) “hasta el punto de que la Universidad de Valencia acordó la suspensión completa de sus actividades”.
A juicio de la magistrada, esas previsiones “debieron llevar a una convocatoria en la mañana” de ese día del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), “al objeto cuanto menos de avisar a la población”.