Imagen Del Algarrobico
«Esperemos que esto agilice el derribo», ha indicado a Europa Press la portavoz de Greenpeace, Pilar Marcos, para quien esto «es un paso más» a la consecución de ese objetivo y que se da cinco años después de que el Tribunal Supremo (TS) determinase en firme que el suelo del Algarrobico es «no urbanizable de especial protección» al estar enclavado en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
Marcos ha señalado que la sentencia que rechaza que la administración –Estado, Junta andaluza y Ayuntamiento de Carboneras– tengan que pagar a Azata los 70 millones de euros que reclamaba deja también «sin una de sus excusas» a la propia administración.
«Han estado usando los pronunciamientos judiciales y el si tenían o no que indemnizar en un proceso muy pernicioso para no ejecutar la demolición», ha lamentado para valorar que, en este caso, la justicia se ha pronunciado a favor de Azata del Sol como si hizo en el caso ‘Castor’.
Por su parte, el abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, ha ido un paso más allá y ha señalado que la sentencia hecha pública este viernes «demuestra» que la promotora «construyó sabiendo que los terrenos estaban en parque natural porque todo el mundo lo sabía y estaba publicado en BOJA».
Domínguez, quien ha remarcado que la Audiencia Nacional avala lo que los colectivos conservacionistas «llevamos diciendo casi 20 años, desde 2013», ha añadido que Azata del Sol también era «conocedora» de acuerdo al fallo de que la construcción «invadía la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre».
«El arquitecto preguntó al Servicio Provincial de Costas si en ese tramo el deslinde era de 20 o de 100 metros y se le contestó que era de 100 metros, sí que lo sabían», ha subrayado para concluir que el fallo deja la puerta abierta «a que sea la promotora la sufrague los costes de la demolición del hotel ya que actuaron maliciosamente».
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