Un 'rider' de Glovo circula por la Puerta del Sol el día, en Madrid
El cambio de modelo incluirá la totalidad de ciudades en las que Glovo está disponible, que actualmente superan las 900, y se aplicará a todas las verticales de la aplicación.
En este sentido, la empresa ha asegurado que su nuevo modelo mantendrá en todo momento la experiencia de usuario y de los restaurantes y establecimientos que colaboran con la aplicación en todo el país.
En paralelo, la compañía abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para dotar de todas las garantías al proceso y asegurar que el cambio de operativa se desarrolle con consenso. Dicho foro estará abierto al resto de operadores del sector para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados.
La plataforma alemana Delivery Hero, propietaria de Glovo, estima que el cambio de modelo laboral de su filial en España, tendrá un impacto de unos 100 millones de euros en su resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado para el ejercicio fiscal 2025, mientras que la compañía ha confirmado sus previsiones para el conjunto del ejercicio 2024.
Asimismo, la alemana espera aumentar la contingencia general en su informe anual completo de 2024 a entre 440-770 millones, frente a los 330-550 millones indicados en su informe financiero semestral de 2024.
Este importe cubre las cotizaciones a la seguridad social, multas, reclamaciones de IVA y otros cargos por pagos que cubren el período hasta finales de 2024 para Glovo España, ha explicado.
CGT se ha personado en el procedimiento penal contra Glovo iniciado por la Fiscalía por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, según ha informado este lunes en un comunicado.
El proceso penal, que se encuentra en fase de instrucción, surge de una denuncia presentada por el ministerio público, que acusa a la empresa de ‘delivery’ de la presunta comisión de delitos relacionados con los derechos de las personas trabajadoras, incluyendo posibles fraudes en la contratación basándose en actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, el ministerio fiscal acusaba a la compañía de menoscabar y suprimir los derechos de los trabajadores por la condición de falsos autónomos y pedía citar al CEO, Óscar Pierre, para tomarle declaración como investigado.
Desde CGT lamentan que, aunque hay procedimientos judiciales previos que establecen que los ‘riders’ tienen una relación laboral y no mercantil con esta empresa, la compañía «ha continuado imponiendo tales condiciones a su plantilla alegando supuestas modificaciones que pretenderían eludir la relación laboral, obligando a darse de alta como autónomas».
De esta forma, desde CGT critican que los ‘riders’ quedan desprovistos «de las garantías y derechos que la normativa reserva a las personas trabajadoras en régimen general de Seguridad Social», unos hechos que podrían constituir un delito castigado con penas que hasta 6 años de prisión y hasta 12 meses de multa.
En este sentido, está previsto que el CEO de Glovo, Óscar Pierre, declare como investigado en fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona el martes 3 de diciembre, declaración en la que CGT se personará como acusación «con el objetivo de poner fin a las prácticas abusivas y fraudulentas que atentan contra la dignidad y los derechos laborales», concluye el comunicado.
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