Jordi Pujol y Marta Ferrusola llegan a la Audiencia Nacional para declarar sobre el origen de su fortuna
Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han criticado este viernes que 7,5 de los casi 17,5 millones de euros presuntamente defraudados por la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol en cuotas en el IRPF, corresponden a ejercicios prescritos, por lo que no podrán exigirse responsabilidades, debido a la «inacción» de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat) .
En un comunicado este viernes, los técnicos aseguran que la Aeat no inició en su día las inspecciones tributarias a la familia y se limitó a realizar informes de investigación, algo que los técnicos de Hacienda pidieron hace siete años.
Han destacado que esto toma ahora relevancia porque el juez instructor de la Audiencia Nacional José de la Mata ha calificado provisionalmente los presuntos delitos investigados cometidos por una «organización criminal» al considerar que el expresidente, su mujer y sus hijos delinquieron durante décadas para enriquecerse.
«Si actualmente sólo se imputan estos delitos es porque el resto de los miembros del clan regularizaron su situación», han criticado, y estiman que las cuotas defraudadas vinculadas a delitos fiscales contra la Hacienda Pública cometidos por los tres encausados a este efecto ascenderían hasta los 9,7 millones de euros.
Han recordado que Gestha ya advirtió en su día de las consecuencias de «esta dejadez en su actuación», ya que con la información que se desprendía de las investigaciones judiciales en los casos en que Hacienda actuó a remolque de otras instituciones, como la Policía y la Justicia, se abrían varios interrogantes.
También han criticado que «la confusa delimitación de responsabilidades y la falta de refuerzo de la plantilla» dentro de la Aeat impiden evitar que importantes delitos fiscales prescriban.
ORGANIZACIÓN MÁS PLANA
«Con la actual estructura y competencias de Hacienda difícilmente se pueden llevar a cabo los planes para combatir el fraude con garantías, lo que requeriría una organización más plana y un mayor reparto de responsabilidades y capacidad de decisión para incrementar la eficacia de la Aeat e impedir injerencias políticas y económicas en las actuaciones», han añadido.
También han destacado que la tendencia de la Aeat a realizar básicamente investigaciones parciales y la modificación el artículo 305 del Código Penal «complican el descubrimiento y la efectividad» de las posteriores condenas de prisión y multas de los delitos fiscales.
Los técnicos consideran muy importante igualar la prescripción administrativa con la penal, a cinco años para denunciar los delitos contra la Hacienda pública y a diez años en el caso de delitos fiscales agravados, para facilitar el descubrimiento de los fraudes más importantes y sofisticados.
Por todo eso, insta al Gobierno a enviar al Congreso un «ambicioso» proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude que incluya un aumento de sus competencias y responsabilidades para intensificar el control tributario de los conglomerados empresariales, multinacionales y grandes fortunas.
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