Foment ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que “reflexione y desista” de la voluntad de prorrogar el impuesto a la banca que se estableció en el 2022 para gravar los beneficios extraordinarios de los bancos por la subida de tipos, “en un momento en que se esperaban grandes necesidades debido a las crisis del Covid-19 y de la guerra en Ucrania”.
Desde entonces, asegura en una nota, “la coyuntura económica ha variado, han subido los tipos y también los resultados bancarios, pero en realidad lo han hecho menos que en el resto de los sectores”. “Debe repensarse”, defiende, ya que “no se pueden hacer ordinarias medidas extraordinarias. Por otro lado, “y siguiendo los planteamientos y análisis del propio Gobierno central puede decirse que no ha habido crisis”, la patronal apunta que el crecimiento económico “se ha mantenido a niveles muy positivos” y los tipos de interés “ya están descendiendo y el impuesto impactará negativamente en los resultados y en las inversiones”.
Sin embargo, la aprobación de un impuesto permanente a la banca tendrá en Cataluña un “impacto directo inmediato” de cerca de 15.000 millones de euros “vía restricciones de crédito para inversiones productivas y pérdida de valor de las entidades financieras impactadas”. En su opinión, “la perpetuación del impuesto tendría un impacto negativo real en la concesión de crédito”.
“Esta cifra de 15.000 millones de euros viene de la estimación de que habría 9.500 millones de euros menos en crédito en Cataluña para financiar inversiones productivas”, explica. Esto se traduciría en “menos inversión, menos competitividad, menos crecimiento y menos creación de empleo para Cataluña, en un momento clave para el futuro y con enormes retos a abordar sin dilación, como apunta el informe Draghi y también el informe Letta, que apunta que la pérdida de unidad de mercado está cifrada en un 10% del PIB”.
Por otra parte, “como ha advertido el BCE, el establecimiento de un impuesto lastra a los bancos en Bolsa”. Así, detalla que el Instituto Español de Analistas “calcula un efecto negativo en la valoración de los recursos propios entre el 13% y el 14%, pero podría llegar a un 22%”. “Esto implicaría una pérdida de valor para los accionistas de las entidades catalanas de 6.300-6.800 millones de euros, que podría alcanzar los 11.000 millones de euros en función de las características finales de los impuestos”, asegura.
Foment del Treball pide al Gobierno que “dentro de esta reflexión evalúe a quien afecta la medida, básicamente accionistas y ahorradores, más que a las propias entidades”. “Pequeños ahorradores mayoritariamente que en términos reales pierden si invierten en acciones de una entidad bancaria y no en una empresa industrial o en acciones de bancos internacionales, por ejemplo”, expone en el comunicado.
Otro “efecto derivado” de mantener este impuesto, “que se planteó como excepcional y temporal, es que pone en peligro la acción de la Obra Social de la Fundación La Caixa”, remarca.
