La asociación pide que este descuento se le aplique a la mayoría de familias, excluyendo solo a las de rentas más altas, que correría a cargo de las principales energéticas que operan en España de manera proporcional a sus cuotas de mercado.
Facua justifica esta intervención en «la agresión del oligopolio eléctrico a los consumidores» y en «el pulso que está manteniendo con el Gobierno». «Se trata de utilizar una capacidad para la que los Estados miembros están facultados por la Directiva 2019/944, de 5 de junio, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad», señala.
En este sentido, advierte de que la directiva comunitaria permite una interpretación extensiva que faculta al Gobierno de España para determinar que tras un incremento interanual muy superior al 100% en el precio del kilovatio hora antes de impuestos, los consumidores domésticos sean objeto de una protección temporal que recorte sus facturas en un 50%, porcentaje que debería ser superior en los casos de las familias en riesgo de exclusión social.
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