España ignora la condena de la ONU para evitar los desahucios de familias con niños

Un vecino del barrio de Tetuán fue desahuciado de su vivienda de alquiler en el año 2013 con sus dos niños de 1 y 3 años de edad y en junio del año pasado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas condenó a España por violar el Derecho a la vivienda, instando al Gobierno a tomar medidas para reparar el daño a esta familia, y a emprender medidas legislativas urgentes para que casos como éste no se repitieran.

Sin embargo, la respuesta del Estado español al Comité DESC, que tenía que dar en un plazo de seis meses y que debía incluir información sobre las medidas tomadas el dictamen ha sido “vergonzosa” y “lamentable, además de tardía. Por lo menos, esto es lo que opinan las ONG que velan por el cumplimiento del derecho a la vivienda en España y siguen de cerca el cumplimiento de este dictamen, organizaciones que informan que el Gobierno no ha reparado el daño a esta familia ni le ha provisto de una vivienda pública.

Organizaciones como Amnistía Internacional, Arquitectura Sin Fronteras (ASF), Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), FEANTSA – Cáritas, Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, Observatori DESC, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Sindicato de Inquilinos,

denuncian que la respuesta que ha dado el Gobierno a las recomendaciones de la ONU ha sido “insuficiente”

“La respuesta dada por parte de las autoridades españolas a esta condena y a las recomendaciones de Naciones Unidas, entre las que se encuentran la obligación de ofrecer una reparación efectiva a las víctimas, asegurar que su legislación y su aplicación son conformes con las obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda y la obligación de prevenir violaciones similares en el futuro, ha sido absolutamente insuficiente” a pesar de “que actualmente España se encuentra en una crisis del derecho a la vivienda que está afectando a cientos de miles de personas”.

Y precisan que con respecto al caso del dictamen del Comité, la única respuesta que ha dado el Estado español ha sido la de informar acerca de que la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para que los afectados puedan presentarse a los procedimientos abiertos para la adjudicación de vivienda pública protegida.

“Sin embargo, la familia afectada, que tras el desalojo se vio obligada a vivir en un coche durante unos diez días, por falta de recursos y que actualmente habita ya en una vivienda adjudicada por el Ayuntamiento de Madrid, asegura que ninguna autoridad del Estado se ha puesto en contacto con ellos, ni siquiera para mostrar una disculpa”, asegura dichas ONG en un comunicado.

Dichas organizaciones destacan la paradoja de que España estrene así membresía en el Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2018-20, i”gnorando su obligación de responder de manera adecuada al Comité sobre cómo iba a otorgar a las víctimas una compensación económica por las violaciones sufridas, además de cómo iba a reembolsarles los costes legales razonablemente incurridos en la tramitación de esta comunicación”.

Y consideran que es “alarmante” el hecho de que el Gobierno no in lcuye en el escrito enviado al Comité, cómo va a establecer garantías de no repetición y cómo va a prevenir violaciones de este tipo en el futuro. Además, España desoye completamente las recomendaciones del Comité en materia de vivienda y tampoco ofrece una sola medida concreta para cumplir el dictamen, sino que simplemente remite a documentos pasados ya presentados ante el Comité y previos en cualquier caso al dictamen”

Reinvidicaciones.

Por ello, y tras mostrar “una vez más su preocupación por la falta de cumplimiento del Estado español de sus obligaciones con respecto al derecho a la vivienda”, exigen:

-Un incremento presupuestario orientado a aumentar el parque de viviendas sociales de alquiler con el fin de garantizar el acceso y el realojo de personas sin recursos. Este incremento debe revertir el hecho de que durante la crisis económica y cuando cientos de miles de personas han perdido sus viviendas, el Gobierno ha reducido desde 2009 el presupuesto de vivienda en más de un 70%.

-Reformas de las leyes procesales, incluida la Ley de Enjuiciamiento Civil, para incrementar las garantías de protección del derecho a la vivienda incluyendo el juicio de proporcionalidad que obligue a los jueces a evaluar caso por caso la proporcionalidad y razonabilidad de los desahucios de viviendas que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya exige.

-La adopción de protocolos que mejoren la coordinación entre juzgados y servicios sociales orientados a garantizar a las personas sin recursos un alojamiento adecuado alternativo.

-La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para reforzar los derechos de las personas arrendatarias y proteger su seguridad a la tenencia de la vivienda.

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