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España cronifica la sensación de corrupción del Gobierno

Hombre con maletín

El Estado de Derecho en España goza de buena salud, según el último informe anual de la plataforma World Justice Project (WJP). Independencia judicial, seguridad en las calles y poca discriminación, entre otras virtudes que refleja el documento. Sin embargo, a pesar de la buena nueva, España parece haber cronificado una patología: la sensación de corrupción del Gobierno.

El Estado de Derecho en España está al mismo nivel que en Uruguay y Costa Rica, según el índice del WJP. El índice que evalúa el desempeño de las diferentes naciones en temáticas como corrupción, el gobierno abierto (open government), derechos fundamentales, orden y seguridad, así como justicia criminal y civil ubica a España en el puesto 23 del mundo (de 113).

Eso significa que España ha mejorado un puesto en comparación con el año pasado. En cualquier caso, la mejoría global no se traslada a la local. Entre los países con mayor renta per cápita, España está en el mismo puesto, pero en una lista donde solo son 35 los países participantes.

En líneas generales, España recibe buena nota en algunas categorías como la ausencia de conflictos civiles, seguridad en las calles, derecho a la privacidad o falta de discriminación. De hecho, la sección dedicada a los Derechos Fundamentales es la más beneficiosa para los intereses de España.

Entre todos los índices, España solo suspende en uno: la sensación de la población sobre corrupción en la legislatura.

Esta categoría se refiere a la percepción que tiene la población sobre si los funcionarios de gobierno emplean su puesto laboral para obtener ganancias privadas, entre otras características.

El Índice de Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial (WJP) 2017- 2018 es el séptimo informe de una serie anual que mide el estado de derecho basado en las experiencias y percepciones del público en general y de expertos de cada país.

En ese sentido, el índice elaborado por el WJP se basa en más de 100.000 encuestas realizadas a hogares, expertos e instituciones y mide la experiencia de todos estos colectivos en la vida diaria en relación al Estado de Derecho.

Se realiza en las categorías de Derechos Fundamentales; Ausencia de Corrupción; Acceso al Gobierno y sus instituciones por parte de los ciudadanos; Orden y Seguridad; Limitaciones a los poderes del Gobierno; Cumplimiento de la Legislación; y, funcionamiento del orden Penal y Civil.