De acuerdo a la organización medioambiental, únicamente dos regiones, Asturias y Navarra, tienen un objetivo de reducción de emisiones en línea con el Acuerdo de París. En el lado opuesto, Castilla y León, “que ni siquiera ha fijado un objetivo de reducción de emisiones”, y La Rioja y Extremadura, que planean que sus emisiones en 2030 sean todavía mayores que las de 1990”.
“España está lejos de ser líder de la acción climática en Europa, pues los objetivos actuales de reducción de emisiones de efecto invernadero nos llevan a un calentamiento global mayor del 1,5º”, señala Pedro Zorrilla Miras, responsable de la campaña contra el Cambio Climático de Greenpeace.
Según recuerda, “es responsabilidad de todas las administraciones aumentar la ambición climática: desde las comunidades a los ministerios de Transporte, Vivienda y Agricultura y Pesca, no solo el Ministerio de Transición Ecológica”. Para el responsable de la organización ecologista “estamos en una verdadera emergencia climática, y se siguen presentando planes como si esto fuera un problema secundario”.
Ante esto, demanda que “todas las Administraciones públicas tienen que ser conscientes de la urgencia y los beneficios de la transición ecológica para el conjunto de la sociedad y el planeta y hacer lo que les corresponde para que el plan que presente España esté a la altura”.
España solo supera a Chipre o a Malta. Por delante, Eslovenia, Irlanda, Polonia. Hungría, Francia o Grecia. La clasificación de los Estados miembros de la UE, según sus objetivos nacionales de reducción de emisiones de efecto invernadero con respecto al año 1990, la lidera Rumanía.
Situación por CCAA
Respecto a la situación por comunidades, el informe de Greenpeace, “muestra que tienen muchos deberes por delante y deben ser más ambiciosas en sus objetivos y planes”. De las 17 comunidades, 15 de ellas no alcanzan la “ambición climática necesaria” (reducción de emisiones del -55% con respecto a 1990, para evitar un calentamiento mayor al 1,5ºC).
De hecho, “la mayoría de ellas (10) tienen un objetivo menos ambicioso que la propuesta actual del Gobierno central (-32%)”, recoge. “Especialmente sangrantes”, asegura, “son los casos de Castilla y León -la única comunidad que ni siquiera ha fijado un objetivo de reducción de emisiones para 2030 – y de La Rioja y Extremadura, que pretenden que sus emisiones en 2030 todavía sean mayores a las de 1990: +46% en La Rioja y +53% en Extremadura”.
Únicamente Asturias y Navarra cumplen con la meta del Acuerdo de París, ya que se han fijado como objetivo reducir sus emisiones un 55% en 2030 con respecto a 1990. “Sin embargo”, expone, “en el caso de Navarra las organizaciones sociales han denunciado recientemente la falta de implementación”.
Además, tres de las cuatro comunidades con mayor proporción de emisiones de gases de efecto invernadero, Andalucía, Cataluña y Madrid, cuentan con objetivos “menos ambiciosos” que los fijados por el Gobierno, “por lo que tienen una gran responsabilidad con su ciudadanía para mejorar su planificación y acción climática”.
Seis medidas para aumentar el objetivo de reducción de emisiones
En este sentido, Greenpeace pone sobre la mesa media docena de medidas para aumentar el objetivo de reducción de emisiones. Entre ellas, aboga por un abono único de transporte para todo el territorio, lo que “facilitará que el transporte público sea más asequible, accesible y atractivo que los vehículos privados”.
Asimismo, propone establecer un calendario de cierre de las centrales de ciclo combinado de gas, “que son las que encarecen la factura de la luz y generan grandes emisiones”, y una “declaración de interés público de las comunidades energéticas renovables promovidas por los ayuntamientos”.
A esto hay que añadir, la concesión de ayudas a las explotaciones ganaderas más contaminantes “para la reducción de la densidad de animales o cese voluntario de la actividad”; la creación de un monedero virtual para costear la rehabilitación energética de edificios residenciales y acelerar la descarbonización de los hogares de forma justa y establecer un impuesto verde sobre el combustible fósil tanto refinado como almacenado.
Además de estas medidas, Greenpeace recalca la necesidad de cambios socioeconómicos de calado que nos permitan avanzar a nuevos modelos de producción y consumo que “estén dentro de los límites planetarios y que permitan satisfacer las necesidades de todas las personas de manera justa”.
