El ministro José Luis Escrivá en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa.
El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, ha descartado reducir las pensiones si el Índice de Precios de Consumo (IPC) es negativo y ha abogado por «regularizaciones posteriores para que el objetivo de mantenimiento del poder adquisitivo se respete a lo largo del tiempo».
En una entrevista este domingo en ‘El Periódico’ recogida por Europa Press, ha dicho que el Gobierno aborda junto a los agentes sociales fórmulas que entienden «el mantenimiento del poder adquisitivo a lo largo del tiempo y no en un momento concreto».
«Si hay años en los que, bien se produce una caída del IPC y por tanto una ganancia de poder adquisitivo, o bien hay años en los cuales la inflación termina por debajo de la inflación esperada que ha fijado la pensión para ese año, habrá un mecanismo de compensación a lo largo del tiempo que sea sencillo y entendible», ha añadido.
Además, espera llegar a un acuerdo «en pocas semanas» con los agentes sociales sobre la fórmula de mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, la reforma del sistema de jubilación anticipada y los nuevos incentivos de jubilación demorada, ha dicho.
Ese es el primer bloque de medidas que plantea el Gobierno para la reforma de las pensiones, que llevarán al Congreso en el primer trimestre: «Antes de proponer el segundo bloque de reformas, aún tenemos que hacer números y cálculos, que pondremos a disposición de los agentes sociales a lo largo del primer semestre, con la esperanza de que el segundo semestre sea de tramitación parlamentaria para que esté en vigor en enero del 2022».
En esta segunda etapa se abordará, en su caso, si es conveniente alargar de 25 a 35 años el periodo de cotización que sirve de base para calcular la cuantía de cada pensión, un tema que el ministro ha calificado de «complejo».
También entonces se estudiará si debe haber un mecanismo para ajustar la cuantía de la pensión a la mayor esperanza de vida: «Pero en ningún caso trasladará la carga del ajuste de forma automática sobre los nuevos pensionistas, con poca capacidad de adaptarse, que es lo que implica el modelo del 2013 [que no ha llegado a entrar en vigor], que vamos a derogar».
También explicado que el acuerdo para la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES) está «prácticamente ultimado» y que solo están pendientes detalles técnicos, a la espera de la ratificación de las juntas directivas de las organizaciones empresariales convocadas para este martes.
«No nos han planteado que se levante la cláusula de salvaguarda del empleo en la mesa negociadora», ha detallado, y se ha mostrado convencido de que habrá un acuerdo pleno entre los agentes sociales y el Gobierno.
Con la prórroga hasta el 31 de mayo –ha explicado– la medida tendría un coste de unos 5.500 millones este año, «sumando las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social y las prestaciones del Sepe».
En materia laboral, Escrivá ha considerado urgentes dos cuestiones: garantizar que las personas en paro desde antes de la reforma que atrasó la edad de jubilación puedan retirarse a los 65 años, y aplicar la reforma del complemento de maternidad tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) que obliga a reconocer la misma prestación a los padres.
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