El gasto destinado a protección social es el componente más importante del gasto público total en la UE. Esta partida incluye, entre otros, los gastos por enfermedad e incapacidad, las pensiones, las prestaciones por desempleo, las prestaciones para familias, hijos y de viudedad, así como la ayuda a la vivienda. En los últimos años, el promedio europeo ha aumentado desde el 38,2% registrado en 2007 hasta el 41,2% en 2016, según un análisis del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de datos de Eurostat.
Entre los países de la UE destaca, ante todo, Finlandia con un gasto en protección social del 45,8% sobre el total, figurando a continuación Alemania, Dinamarca, Francia y Luxemburgo con cifras superiores o en el entorno del 43%. Italia y Austria se sitúan por encima del 42%, al tiempo que Suecia y Grecia también superan el promedio de la UE-28. Portugal ya figura por debajo de la media con un 40,0%.
En España el gasto en protección social ha crecido a lo largo de los últimos años. En 2007 nuestro gasto se situaba en el 32,9% sobre el total aumentando a casi un 40% en 2016. Por debajo de nosotros figuran, entre otros, el Reino Unido, Bélgica, los Países Bajos e Irlanda, así como la totalidad de países de reciente adhesión, a excepción de Polonia. Cierran la clasificación Malta, la República Checa, Croacia y Hungría con cifras en torno al 31%.
Países
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1. Finlandia45,8
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2. Alemania43,6
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3. Dinamarca43,6
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4. Francia43,3
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5. Luxemburgo43
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6. Italia42,7
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7. Austria42,6
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8. Suecia41,7
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9. Grecia41,5
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10. Polonia41,2
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12. España39,9