El proceso para exhumar a las víctimas del franquismo enterradas en las criptas del ahora renombrado Valle de Cuelgamuros avanza de nuevo tras la decisión del TSJM, que supone un duro revés judicial para organizaciones como la Fundación Francisco Franco.
Esta resolución reabre la esperanza de muchas familias, que durante años han luchado por recuperar los restos de sus familiares represaliados durante la Guerra Civil, un acto que consideran imprescindible para reparar la memoria democrática.
Las exhumaciones, avaladas judicialmente
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado a favor de las exhumaciones en las criptas del Valle de Cuelgamuros, anteriormente conocido como Valle de los Caídos. Este fallo deja sin efecto la sentencia emitida el 29 de septiembre de 2023 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid, que anulaba la licencia para las obras destinadas a llevar a cabo estas exhumaciones.
El auto del TSJM supone un espaldarazo judicial a la Ley de Memoria Democrática frente a la oposición de organizaciones afines al franquismo
La decisión judicial responde positivamente a los recursos planteados por Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, desestimando así los recursos presentados por la Fundación Francisco Franco y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que han tratado insistentemente de paralizar estos trabajos.
Ángel Víctor Torres celebra la decisión
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha celebrado el fallo a través de sus redes sociales, calificándolo como una “gran noticia para los familiares de víctimas, para la reparación y para la Memoria Democrática”.
Torres aseguró que el TSJM ha frenado los intentos de organizaciones de extrema derecha por paralizar estas exhumaciones. Para el ministro, la sentencia representa un avance significativo hacia la recuperación y dignificación de las víctimas del franquismo.
La espera interminable de la familia Lapeña
Este fallo llega tras años de espera y complicaciones jurídicas, simbolizados en el caso de los hermanos Lapeña. Fusilados en Calatayud en 1936 y trasladados al antiguo Valle de los Caídos, sus descendientes lograron en 2016 una histórica resolución que reconocía su derecho a darles una “sepultura digna”.
Sin embargo, su abogado, Eduardo Ranz, denunció recientemente que, pese a las resoluciones judiciales favorables, el Estado seguía sin cumplir con su obligación, prolongando la espera de las familias durante casi una década.
Ranz advierte que el nuevo fallo judicial no debe convertirse en otro retraso más y exige que se cumplan los derechos legítimos de las víctimas
Posible recurso al Tribunal Supremo
Aunque el fallo del TSJM representa un avance crucial, todavía cabe la posibilidad de que sea recurrido en casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Esto podría alargar aún más un proceso ya de por sí dilatado.
