El Tribunal Constitucional ha rechazado las alegaciones presentadas por Carles Puigdemont y se mantiene firme en su posición: no habrá investidura de Puigdemont sin la pertinente autorización judicial.
El pasado sábado 27 de enero, el Tribunal Constitucional tomó una controvertida decisión sobre Carles Puigdemont cuestionada por varias asociaciones de jueces y expertos en materia judicial.
El auto del Constitucional no se posiciona sobre el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy pero adopta tres medidas para la sesión en el Parlament que no se sabe quién ha solicitado:
(a) No podrá celebrarse el debate y la votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente de la Generalidad a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario.
(b) No podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión.
(c) Los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios.
Junts per Catalunya presentó un recurso contra esta decisión que ha sido desestimado este martes.
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