La orden afecta directamente a un grupo de detenidos en Texas, y representa un revés judicial para el uso de esta ley histórica en el contexto actual.
Una ley de guerra para una ofensiva migratoria
El fallo del Tribunal Supremo, emitido este sábado, instruye al Gobierno de EEUU a cesar los traslados de detenidos bajo esta figura legal hasta nueva orden judicial. Concretamente, la medida protege a los internos del centro de detención de Bluebonnet, en el norte de Texas, a quienes se les acusa de pertenecer a la organización Tren de Aragua, ya calificada como grupo terrorista por la Casa Blanca.
“Se ordena al Gobierno no trasladar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos desde Estados Unidos hasta nueva orden de este Tribunal”, reza el fallo del Supremo, que contó con el voto disidente de los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito
El Tren de Aragua, centro de la polémica
La Administración Trump consideró que, al declarar al Tren de Aragua como organización terrorista, quedaba habilitada para aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma aprobada en 1798, diseñada originalmente para tiempos de guerra. Bajo esta interpretación, se ha procedido a expulsiones sin proceso legal estándar, una práctica que ha desatado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos.
Este mecanismo se utilizó para realizar deportaciones exprés, sin atender al estatus migratorio ni brindar derecho a defensa a los detenidos, lo que ha levantado alarmas sobre una posible vulneración del debido proceso y del derecho internacional.
Un precedente inquietante en la historia de EEUU
La Ley de Enemigos Extranjeros solo se ha utilizado en tres ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos. La más reciente, durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió como justificación para el internamiento de ciudadanos estadounidenses de origen japonés en campos de concentración, un episodio ampliamente condenado hoy día.
El actual uso de esta ley para actuar contra migrantes sin juicio ni garantías mínimas ha sido calificado como un retroceso legal y ético por expertos y juristas.
